Después de cuatro meses de discusión, la polémica reforma política enfrenta una semana clave en Brasil. La Cámara de Diputados inició ayer el análisis y votación del proyecto de reforma que establece profundas modificaciones en el sistema político y electoral, entre ellas, el financiamiento de las campañas, la duración de los mandatos y la posibilidad de reelección.
Considerada como una de las grandes reivindicaciones surgidas de las protestas de junio de 2013, la reforma política comenzó a ser votada, según la edición brasileña de diario El País, en medio de una maniobra política que pretende facilitar la aprobación de puntos polémicos rechazados por cientistas políticos, pero que son defendidos por el titular de la Cámara, Eduardo Cunha, del opositor Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), colectividad que presentó el proyecto de reforma.
Según Cunha, la decisión de llevar a discusión la propuesta, sin ser aprobada en una Comisión Especial, recibió la noche del lunes el consenso de los líderes de las bancadas de la Cámara. Sin embargo, representantes del Partido Socialismo y Libertad (Psol) y del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) acusaron a Cunha de forzar la situación. En ese sentido, Henrique Fontana, legislador del PT, acusó al líder de la Cámara de Diputados de propinar un "golpe de Estado".
Así, sin que exista consenso para aprobar los diversos puntos del proyecto, Cunha definió que la discusión y votación se realizará por temas y seguirá el siguiente orden: sistema electoral, financiamiento de campaña, fin de la reelección, tiempo de los mandatos para cargos electivos, unificación de las elecciones, cupos para las mujeres, fin de las coaliciones proporcionales, cláusula de barrera, voto obligatorio y día de asunción del Presidente de la República (ver recuadro).
El diario Folha de Sao Paulo señala que dos puntos tendrán prioridad para la votación del plenario. El primero se trata del cambio del sistema de elección de diputados federales, estaduales y concejales. Y el segundo punto dice relación con el financiamiento de las campañas políticas.
En el caso del sistema electoral, el diario O Globo sostiene que Cunha es partidario de introducir el llamado "distritaje", un modelo según el cual los candidatos más votados son electos sin que se tome en cuenta la votación del partido.
Pero los especialistas se oponen al cambio propuesto. En una petición firmada hasta ahora por 177 cientistas políticos, éstos afirman que el "distritaje" representaría un "retroceso institucional", ya que, a su juicio, debilitaría a los partidos políticos y potenciaría el "personalismo en la campaña política".
En cuanto al financiamiento de las campañas, la mayoría de los diputados defiende la propuesta de mantener el actual modelo (que es público y privado), con algunas trabas extras, y su inclusión en la Constitución, según consigna Folha. Eso tiene como objetivo impedir la inclinación de la Corte Suprema de prohibir que las empresas efectúen donaciones a los candidatos. La propuesta de constitucionalización de las donaciones privadas es defendida por Cunha y tiene amplio apoyo en la Cámara, con excepción del PT de la Presidenta Dilma Rousseff, que defiende el financiamiento público de las campañas.
Para el PT las contribuciones privadas constituyen unas de las puertas de acceso a la corrupción, en un país donde desde el año pasado se investiga a una treintena de empresas y ex directivos de Petrobras, así como a 50 políticos, por su supuesta implicación en el esquema de desvíos de dinero.
Mandatos de 5 años
El proyecto también determina la unificación de las elecciones en una misma fecha, desde los concejales hasta la del Presidente a partir de 2018 y mandatos de cinco años para todos los cargos de elección popular. Asimismo, la iniciativa propone el fin de la reelección (Presidente, gobernadores y alcaldes) y del voto obligatorio.
A juicio de Cunha, el resultado de la votación de la reforma es imprevisible. "La decisión de cada uno deja de ser partidaria, pasa a ser de carácter personal", dijo.
En 2004 se discutió un proyecto similar en el Congreso, pero no fue aprobado por crear diferencias entre legisladores y otros cargos de elección popular.
