La semana pasada, antes y después de la multitudinaria marcha convocada por la Confech por el centro de Santiago, hubo una serie de gestos entre el gobierno y el movimiento estudiantil, que dio luces de una gestión orientada a restablecer las negociaciones entre ambas partes. El primer paso lo dio el ministro de Educación, Felipe Bulnes, al reabrir el plazo de inscripción para aquellos 70 mil secundarios que no se han enrolado en el programa "Salvemos el año escolar" y arriesgan repetir de curso. Camila Vallejo, presidenta de la Fech, fue más allá y pidió una señal más potente. La respuesta la tuvo vía e-mail, el sábado, mientras dirigía la última asamblea de la Confech, en Coquimbo. En una carta de dos carillas, Bulnes presentaba tres nuevas garantías para restablecer la mesa de diálogo y salvar el año académico.

Esta nueva oferta del gobierno será parte de la discusión que hoy se instalará en las 25 universidades que integran la Confech. En sólo un día, los dirigentes universitarios recogerán la postura de sus bases para mañana responder oficialmente al gobierno y, eventualmente, el miércoles estar otra vez sentados en una misma mesa de negociación.

Las primeras reacciones, sin embargo, apuntaban a que el nuevo planteamiento de La Moneda era una señal política "valorable", pero bastante ambigua en el detalle de sus garantías.

Tal vez en respuesta a aquellas dudas fue que anoche el ministro Bulnes salió a precisar que el gobierno les quitará la orden de urgencia a los dos proyectos relacionados con materias educacionales (rebaja de la tasa de interés para los Créditos con Aval del Estado y sobre morosos del Fondo Solidario). "Una de las garantías que ofrecemos en el documento es retirar las urgencias en los trámites legislativos, de manera que todo lo que acordemos en las mesas de negociación quede reflejado en los proyectos. Eso ya estaba expresado, pero se necesitaba que quedara expuesto de manera más clara. Por eso estamos enfatizando nuestra voluntad de que si llegamos a acuerdos, estos no sean para registrarlos y guardarlos", explicó Bulnes en entrevista con TVN.

El secretario de Estado aclaró que "los proyectos de ley no los vamos a retirar, pero sí vamos a retirar las urgencias, de manera tal que siempre el diálogo vaya más rápido que la tramitación. Entonces, si en las mesas llegamos a algún acuerdo, ellos van a tener seguridad de que ese acuerdo va a quedar incrustado después en el proyecto de ley, para que forme parte de la tramitación, se discuta y, eventualmente, se apruebe en el Congreso".

Otro gesto se concretará durante la semana, a más tardar el jueves. Ese día, el Congreso debería tener aprobada una ley corta para ampliar el plazo que tiene el Ejecutivo (30 de septiembre) para enviar el proyecto de desmunicipalización de la educación.

La idea es extender en 60 días este período, para que el gobierno involucre a los estudiantes en el debate sobre un cambio en la administración de la educación pública y, de esta manera, cumplir con una de las garantías exigidas para retomar el diálogo.

Ballesteros aprueba

"Estando o no de acuerdo con las cuatro garantías que le planteamos al gobierno para sentarnos a negociar y bajo esa lógica, no hay motivos para no aceptar. Hay que hacerse cargo de nuestras palabras. No nos queda más que aceptar", explica a La Tercera Camilo Ballesteros, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, y uno de los referentes del movimiento estudiantil.

De esta manera, el dirigente y militante de las Juventudes Comunistas asume que mañana la Confech podría confirmar su retorno a la mesa de negociación con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, tras casi cinco meses de conflicto.