Hoy el diputado Jorge Burgos (DC) ofició a la Contraloría General de la República para que solicite a la Cancillería el Informe de la Investigación que debió realizar el Ministerio al embajador chileno en Argentina, Adolfo Zaldívar.
La petición del parlamentario responde a las actitudes y declaraciones políticas del diplomático, además del propio pronunciamiento emitido por el órgano contralor en el mes de agosto.
Según Burgos, las conductas de Zaldívar se alejarían de lo establecido por la ley de probidad administrativa y prescindencia política respecto de los embajadores y funcionarios que estarían impedidos de desarrollar actividades políticas y de emitir opiniones de este tipo .
Por lo mismo, el legislador explicó que en agosto la Contraloría emitió un pronunciamiento, señalando con claridad que "corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores velar por el cumplimiento de los deberes expuestos, procediendo a investigar su eventual trasgresión".
El parlamentario indicó que, "atendida la demora del informe de la Cancillería, pido al Contralor que solicite al ministerio respectivo el informe de la investigación que debió realizarse y si se aplicaron o no sanciones considerando los resultados del procedimiento interno".
En el oficio que envió Jorge Burgos a la Contraloría, junto al diputado Juan Carlos Latorre (DC) se especifica que "si un embajador participa en actividades políticas en el país, el asunto es particularmente grave" y agrega que "como funcionario público, el embajador está sujeto a las reglas de probidad administrativa".
El documento también detalla que "uno de los deberes que implica dicho principio es que a quienes se les aplica están impedidos realizar actividades de carácter político. Por lo mismo, no pueden intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, a candidaturas, tendencias o partidos políticos".
