La investigación por la eventual colusión de buses en tarifas y frecuencias tuvo un nuevo episodio. El jueves se efectuó el último alegato en la causa que lleva la Fiscalía Nacional Económica (FNE) desde 2011, en contra de tres empresas de buses que cubren la ruta Santiago-Curacaví.
En la audiencia, la FNE solicitó nuevamente multar a Pullman Bus y Ruta Curacaví por un total de 7.000 UTA, eximiendo del pago a Atevil, tercera firma involucrada, que se acogió a la delación compensada, reconociendo su participación en el cartel.
Según la FNE, entre 2008 y 2011 se fijaron los precios y se llegó a acuerdos también en la frecuencia de salidas. Ante las acusaciones, Ruta Curacaví se defendió diciendo que la fiscalía sólo tomó como referencia la tarifa general -excluyó la preferente y estudiante-, que no representa una parte relevante de sus ingresos. Añadió que la frecuencia fue regulada por el municipio de Curacaví, para establecer un mayor orden. Argumentos similares fueron presentados por la defensa de Pullman Bus, firma que precisó que en 2011 la tarifa general significaba sólo 2,8% del total de ingresos reportados por la ruta, asegurando que la variable precio no arroja evidencias. "Se ha presentado una investigación desprolija de la fiscalía", criticó José Miguel Gana, abogado de Servicios Pullman Bus.
Las firmas pidieron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazar el requerimiento o reducir el monto de la multa. El representante de Paul von Breintenbach -imputado por la FNE como el articulador de las llamadas para ejecutar la colusión- aseguró que la fiscalía "ni siquiera analizó el comportamiento de las variables de competencia", criticando que ésta se dejó "obnubilar" por las escuchas telefónicas que realizó.
