El ex Presidente de EEUU, George W. Bush, consideró en 2002, un año después del 11-S, enviar tropas a los suburbios de Buffalo, en el Estado de Nueva York, para capturar a supuestos terroristas, según informó hoy el diario The New York Times.

El rotativo, que cita como fuente a un ex funcionarios del gobierno de Estados Unidos, señaló que "algunos asesores de Bush, incluido el vicepresidente Dick Cheney, argumentaron que el mandatario tenía atribuciones para el uso de fuerzas militares dentro del país". Sin embargo, en última instancia "Bush rechazó la propuesta de usar la fuerza militar", según constató el periódico.

La Constitución de Estados Unidos y las leyes restringen el uso de fuerzas militares federales en operaciones dentro del país, capturas, e incautaciones de propiedad.

La Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe "los allanamientos y capturas no razonables" sin causa probable, y la Ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe que las fuerzas militares federales actúen con las atribuciones policiales.

Según el periódico, en las discusiones Cheney y otros asesores citaron un documento del 23 de octubre de 2001 del Departamento de Justicia que, con una interpretación amplia de las atribuciones presidenciales, que argumentaba que el uso dentro del país de la fuerza militar contra Al Qaeda sería legal porque se producía por razones de seguridad nacional más que policiales.

"El presidente tiene amplia autoridad constitucional y legal para utilizar la fuerza militar contra terroristas internacionales o domésticos que operen dentro de Estados Unidos", señaló el documento redactado tras el 11-S por los abogados John C. Yoo y Robert Delahunty, según el diario.

OPOSICIÓN
Entre quienes se opusieron a ese empleo de la fuerza militar, según el Times, se cuentan la entonces consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice; el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Robert Mueller, y Michael Chertoff quien era entonces jefe de la división criminal del Departamento de Justicia.

De acuerdo con el artículo, el gobierno de Bush nunca consultó sobre este asunto a los mandos militares.

Más tarde el presidente Bush ordenó que el FBI detuviera en Lackawanna, cerca de Buffalo, a un grupo de yemenies estadounidenses supuestamente vinculados a Al Qaeda y que habían sido vigilados.

Cinco hombres fueron arrestados allí en septiembre de 2002 y otro más fue detenido casi simultáneamente en Baharein. Los seis se declararon luego culpables de los cargos vinculados con terrorismo.

Esta información se suma a la polémica generada hace algunas semanas cuando la prensa norteamericana filtró que la administración Bush le mintió al Congreso acerca de los procedimientos y atribuciones que tendrían los órganos de inteligencia dentro del país.