En medio del debate por la situación de la machi Francisca Linconao, una de las principales imputadas en el caso Luchsinger Mackay, la encuesta Cadem arrojó que un 62% cree que el conflicto mapuche ha aumentado en los últimos tres años.
Asimismo, un 79% afirma que el país tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, 77% cree que el pueblo mapuche es discriminado y 74% manifiesta que tienen derechos de propiedad sobre las tierras que consideran ancestrales.
Sin embargo, un 65% indica que no se justifica el uso de violencia para reclamar tierras y un 25% que se justifica sólo en algunas circunstancias.
En cuanto a la violencia en la zona, 43% de los encuestados sostiene que se debe a la presencia de grupos violentistas en la zona y 37% dice que se debe a la política de entrega de tierras a los mapuches.
En este contexto, un 38% asegura que los grupos violentistas son chilenos no mapuches. Por el contrario, un 30% afirma que son mapuches y 11% cree que los grupos violentistas sería extranjeros.
Ante esto, 50% de los encuestados manifiesta que mejorar la educación y las oportunidades sociales para los mapuches podría solucionar el conflicto y el 36% estima que es necesario otorgarles mayor participación política.