Caída y contragolpe de Flavio Echeverría

Algunas horas antes de que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, informara que nueve oficiales habían sido llamados a retiro por su responsabilidad en el fraude en Carabineros, el general Flavio Echeverría asistió a su última reunión como consejero administrativo de la cooperativa institucional, Coopercarab. Era el 6 de marzo y la noticia de millonarios desvíos de fondos al interior de la Dirección de Finanzas ya era pública, pero aún no se conocía su real extensión. Antes de que comenzaran a tratarse los temas de la empresa, Echeverría le anunció al gerente general, el general (R) Jorge Rojas Langer, y al resto del consejo, que esa sería la última vez que asistiría. Les dejó en claro que se acogería a retiro exclusivamente por su responsabilidad de mando, por no haber sido capaz de detectar las irregularidades que sus subalternos habían cometido bajo su supervisión. Uno de ellos era justamente el teniente coronel Pedro Valenzuela San Martín, el encargado de reemplazarlo en el consejo en caso de una ausencia prolongada, quien fue uno de los primeros detenidos en la causa. Echeverría les aseguró que no estaba involucrado en el esquema defraudatorio. Después de decir esto, guardó silencio por el resto de la reunión.

"Conociéndolo, creímos en su palabra. Luego lo llamaron a retiro y después vino el balde de agua fría de que las cosas no eran como él nos había dicho", cuenta Rojas Langer.

Dos semanas después de salir de la institución, Echeverría fue detenido. El fiscal jefe de Punta Arenas, Eugenio Campos, venía investigando desde hacía meses su papel en la organización presuntamente responsable de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, pero recién en febrero consiguió que el tribunal le alzara el secreto bancario y solo entonces pudo rastrear algunas operaciones sospechosas ocurridas entre 2011 y 2015, por más de $ 175 millones. Estos indicios se sumaron a declaraciones como las de su ex subalterno, el teniente coronel Pedro Valenzuela, quien dijo a fiscalía que Echeverría tenía pleno conocimiento de toda la situación, y a otros datos, como los $ 416 millones que tenía invertidos en fondos mutuos.

En sus diversas instancias de comunicación con el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, incluida la audiencia de formalización del 19 de marzo, la Fiscalía de Magallanes ha apuntado a Echeverría como "uno de los líderes" de la organización ilícita, encargado de definir los montos que se podían retirar de las cuentas y luego justificar los déficits que presentaban las cuentas de Carabineros.

Tras la formalización, Rojas Langer comenzó a pensar que, a pesar de haber trabajado con Echeverría en la unidad de logística, en el Alto Mando -fue inspector general hasta 2014- y finalmente en la cooperativa, nunca lo conoció realmente: "Muchas veces los delincuentes se cubren la cara y operan a oscuras. Estas personas se disfrazaban de carabineros para hacer esto. Para mí eran personas confiables. Realmente, es increíble y duele. La imagen que tenía de ellos para atrás se borró. Se murió eso. Hoy los miramos y decimos: "¿Cómo es posible que hayamos confiado en esas personas?".

Hoy, Echeverría siente que sus antiguos superiores le han dado la espalda, según relatan sus cercanos. Aunque está en prisión preventiva en una casona conocida como Cuartel Sucre y allí los demás imputados le siguen llamando por su rango de general, su situación es compleja. La fiscalía tiene sus cuentas intervenidas y este viernes pidió al tribunal que se prohibiera cualquier acto o contrato sobre todas las propiedades inscritas bajo su nombre o el de su esposa, Luz Patricia Jashes. Su reacción ante este adverso panorama, en acuerdo con sus abogados, ha sido colaborar con la investigación del Ministerio Público. En su único testimonio como imputado -ya había declarado en calidad de testigo en enero-, el general (R) no solo habla sobre las operaciones al interior de su unidad, sino que también entrega al fiscal Campos nuevos antecedentes que podrían abrir aristas investigativas que apuntan al Alto Mando de Carabineros.

Flavio Echeverría Cortez (56) es el primer carabinero de su familia. Un amigo de su infancia en Valparaíso le insistió que era una buena opción de carrera y él lo escuchó.Cuando postularon a la Escuela de Oficiales, él fue aceptado; su amigo, no.

Echeverría había estudiado en los Sagrados Corazones y en el Liceo Comercial de Valparaíso. Desde esa época tenía facilidad para las matemáticas. Por eso, una vez dentro de Carabineros, estudió para sacar los títulos de contador auditor e ingeniero comercial. Así se introdujo en el escalafón de intendencia, el área administrativa de la institución, que muchas veces es vista con recelo por los oficiales de Orden y Seguridad, ya que tienen horarios de oficina, no realizan turnos y tampoco trabajan en la calle.

En los años 80, Echeverría conoció a su esposa, Luz Patricia Jashes, hija del coronel LeónJashes Dueñas. Se instalaron en un departamento en el centro de Santiago hasta que nacieron sus dos hijas. Entonces la familia decidió cambiarse a una casa enLa Reina, que actualmente está entre las propiedades "congeladas".

El ascenso de Echeverría fue sostenido a lo largo del tiempo. Antes de ocupar un puesto importante en la Dirección de Finanzas estuvo en la Contraloría de Carabineros y en L8, la unidad contable de Logística, que estaba bajo el mando del general Rojas Langer.

"Las referencias que existían de él a nadie le merecían una duda. El veía nuestro presupuesto y reasignaciones. Era una persona afable, pero introvertida", dice Rojas Langer.

Su posterior designación como general y jefe de la Dirección de Finanzas fue una completa sorpresa. En 2011, luego del retiro del general Iván Whippley, el Alto Mando esperaba que el coronel Francisco Reyes Momberg, compañero de generación de Echeverría, tomara su lugar. Sin embargo, el general director de Carabineros de la época, Gustavo González Jure, nominó a Echeverría, obligando al retiro de Reyes Momberg y otros superiores.

Según la investigación del Ministerio Público, el fraude en el Departamento de Finanzas había comenzado un par de años antes, en 2009, cuando Echeverría todavía era coronel. Uno de los testimonios que guarda el fiscal Campos en su carpeta reservada indica que en septiembre de 2011, unas semanas antes de su ascenso, Echeverría le informó a un subalterno que le había depositado $ 70 millones desde la cuenta institucional de Carabineros. Luego le solicitó al mismo oficial que le devolviera el dinero en transferencias fraccionadas a su cuenta personal y conservara una comisión de $ 15 millones. Para probar estos hechos, el subalterno en cuestión adjuntó sus cartolas bancarias de la época.

El teniente coronel Pedro Valenzuela se desempeñó en la Dirección de Finanzas entre 2012 y marzo de 2017, cuando fue dado de baja por su participación en el fraude. Durante los primeros años fue jefe de gabinete del general Echeverría, por lo que se convirtió en uno de sus hombres de confianza, junto al coronel Jaime Paz Meneses (jefe del Departamento I de Presupuesto y Finanzas) y al comandante Héctor Nail (miembro del Departamento III de Tesorería).

De acuerdo a Valenzuela, la relación entre Echeverría y Nail era particularmente "estrecha". En la audiencia de formalización, la fiscalía dio cuenta de un episodio presenciado por Valenzuela. Este relató que en el año 2014 fue a la oficina de Echeverría cuando éste conversaba con Nail y le mostraba su billetera, indicándole que estaba "flaca". Poco tiempo después de esa escena, el comandante Nail comenzó a depositarle dinero a Valenzuela en su cuenta corriente para luego pedirle reintegros fraccionados en efectivo. Ante las dudas iniciales de Valenzuela, Nail lo habría convencido diciendo que todo estaba autorizado por el general Echeverría. La operación se repitió unas cinco veces, hasta superar los $ 427 millones en excesos de sueldo. Valenzuela se habría quedado con cerca de $ 70 millones, que habría usado para pagar deudas y comprarse una camioneta.

Esta misma dinámica se repitió con más de una veintena de oficiales de distintas regiones del país, hasta que el truco fue descubierto el año pasado, cuando el Banco Falabella denunció una operación sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por un millonario depósito a la cuenta corriente del capitán Felipe Avila, jefe de la Sección Investigadora de Accidentes de Punta Arenas, quien totalizó más de $ 608 millones en excesos.

De acuerdo a fuentes de la investigación, Valenzuela habría dado cuenta en su testimonio de la reacción de sus superiores al conocer lo ocurrido en Punta Arenas. En ese momento, Echeverría habría solicitado"encapsular" el caso de Avila y reintegrar el exceso de remuneraciones, una tarea que habría encomendado a Nail. Este comenzó a recaudar fondos entre varios de los oficiales que habían recibido sobrepagos para así poder devolver lo adeudado por Avila. Posteriormente, otros efectivos en la misma situación de Avila se acercaron a Echeverría y Nail para buscar la misma salida, pero ya era tarde. Todos habían gastado o invertido la mayor parte de su dinero.

Los sumarios administrativos se iniciaron poco tiempo después. Los altos mandos comenzaron a solicitar que todos los afectados entregaran una versión estándar. El coronel Paz, el comandante Nail y el capitán Robinson Carvajal (jefe de la sección de planificación presupuestaria del Departamento I) habrían presionado a oficiales para que cambiaran su versión y, según estos testimonios, el propio Echeverría habría participado de algunas de estas reuniones para saber qué habían declarado sus subalternos en la sede administrativa.

El 6 de marzo, después de su reunión en el consejo administrativo de Coopcarab, Echeverría reunió a su equipo, explicó la situación e informó que siete oficiales de la Dirección de Finanzas habían sido dados de baja. Valenzuela era uno de ellos. Otros dos, en tanto, se acogían a retiro dada su responsabilidad de mando, entre ellos, el propio Echeverría.

El viernes 24 de marzo, los fiscales del caso hicieron una masiva ronda de interrogatorios. Desde el cuartel de Sucre fueron trasladados hasta las dependencias de la Fiscalía de Macul y Peñalolén, ubicada en Américo Vespucio 6800. Los principales imputados de la agrupación decidieron renunciar a su derecho a guardar silencio. Uno de ellos fue Echeverría, quien habría reconocido las imputaciones ya formalizadas, pero además habría colaborado con antecedentes hasta ese entonces desconocidos por los fiscales y que motivaron diligencias de último minuto.

Según conocedores del testimonio, Echeverría habría apuntado a otras prácticas dentro del Cuerpo de Generales que habrían abierto una nueva arista en la investigación. A partir de sus palabras, los persecutores habrían comenzado a examinar la utilización de los gastos reservados del alto mando de la institución. La fiscalía recién estaría realizando las primeras diligencias de análisis patrimonial para comprobar estos dichos.

Siguiendo esta nueva línea indagatoria, los fiscales de la causa evalúan solicitar el alzamiento de secreto bancario de algunos miembros del Cuerpo de Generales. Estas potenciales pesquisas significarían un nuevo flanco para el general director de la institución, Bruno Villalobos, quien ya ha sido cuestionado por haber negado cualquier responsabilidad de Echeverría cuando recién se destapó el caso.

Por su parte, la defensa de Echeverría dijo que no puede, por ley, comentar los detalles de su testimonio, pero hace hincapié en que el fiscal Campos se equivoca al tachar a su cliente de "líder" de la organización. Su abogado, José Luis Andrés, sostiene que "él no es el líder de una asociación ilícita como lo quiere sindicar el Ministerio Público, no existen pruebas de que él entregue órdenes a quienes aparecen como el grupo operativo y eso lo vamos a demostrar durante el proceso".

Según Andrés, el último depósito al general Echeverría ocurrió en 2012, antes de que asumiera como general, pese a que el informe del Ministerio Público que permitió la detención de Echeverría habla de una transferencia de $ 8 millones en febrero de 2015. La versión de la defensa es que Echeverría "habría heredado una situación que desde hace años se venía dando en la Intendencia de Carabineros". A partir de esta tesis, desde el Ministerio Público sostienen que el antecesor de Echeverría, el general (R) Iván Whipple Mejías, también es blanco de diligencias y análisis patrimonial.

Asimismo, la fiscalía investiga a varias entidades bancarias que no reportaron movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuando se sucedieron decenas de millonarias transacciones desde cuentas de Carabineros durante el período que se investiga. Teniendo la obligación de hacerlo, sólo el Banco Falabella reportó la operación sospechosa que dio inicio a la investigación. El propio general Echeverría tuvo que dar una explicación al respecto en su primera declaración como testigo. En esa oportunidad, las sospechas sobre su participación no estaban sólidas.

A pesar de su afán de colaboración, Echeverría arriesga una pena de entre 10 y 15 años de cárcel, debido al alto monto malversado. Su caída ha traído una serie de consecuencias de toda índole, desde la vacante de su asiento en el consejo de la cooperativa institucional hasta las dramáticas circunstancias de una de sus hijas, que todavía figura en las filas de Carabineros.

Como gerente general de la empresa y como ex general inspector de Carabineros, Rojas Langer se hace cargo de ambas situaciones. Asegura que no existen irregularidades en la cooperativa luego de las salidas de Echeverría y su antecesor, el general (R) Whipple, quien se desempeñaba como gerente de Crédito y Cobranzas. Dice que este habría dejado el cargo por razones personales. A Rojas Langer se le ve más preocupado de los otros daños. "Así como Carabineros de Chile, la familia de Echeverría también es víctima. Espero que el entorno directo de su hija también vea que es una víctima más".

Hoy se cumplen dos semanas desde que la fiscalía formalizó y dejó en prisión preventiva a los ex carabineros sindicados como líderes de la organización a la que se atribuye haber malversado una cifra que aún no termina de calcularse y que hasta el miércoles pasado, según el fiscal Eugenio Campos, alcanzaba los $ 13 mil millones.

El organismo que debe velar porque estos dineros sean reintegrados al Fisco es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se querelló pocos días después de que el caso se hizo público.

El presidente del Comité Penal del CDE, Daniel Martorell, aseguró que "haremos todo lo necesario, ya sea en sede penal y también civil para recuperar hasta el último peso que fue malversado por los ex oficiales". Al igual que el resto de los intervinientes, no ha podido acceder a detalles de la investigación, pues está protegida por la Ley de Lavado de Activos. Sin embargo, tras participar en la formalización, el consejero ya advierte que esta "es una de las investigacio- nes de estas características, de malversación, que más dinero ha involucrado de las últimas décadas".

¿Qué es lo más grave de este caso?

Por una parte, la cuantía, hemos sabido que ha ido subiendo y, al parecer, no va a parar de crecer el monto involucrado. Además, eran funcionarios públicos, con un deber de probidad súper marcado, el sistema le entrega esto al funcionario público encargado de administrar estos fondos y, además, son carabineros. Enlodaron una institución prestigiosa, con funcionarios que trabajan en las calles, entonces el elemento de reproche es mayor. El que además ellos se organizaran, también es grave. Fue una estructura que funcionó durante mucho tiempo, este asunto fue por un periodo de tiempo muy prolongado. Esta causa es muy importante.

Ya hay un general formalizado, sindicado como líder del grupo. ¿Qué pasa con personas que pudieron alertar que algo ocurría en el Departamento de Finanzas y no lo hicieron?

El que algún otro oficial haya tenido conocimiento de que estas situaciones ocurrían, pese a que no haya participado directamente, lo pone en una condición penal de responsabilidad extremadamente compleja. Los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar activamente cuando toman conocimiento de situaciones que pueden ser delito. El omitir esa denuncia es muy grave. Nosotros nos basamos en el principio de igualdad ante la ley, por tanto, todo aquel que haya infringido la ley merece ser investigado. Si en esta investigación hay más generales implicados, y aparecen más y más, con antecedentes suficientes para acreditar responsabilidades penales, nos vamos a querellar. No hay limitaciones de los grados y las personas que son objeto de las acciones del CDE.

Fallaron los controles internos y externos y se apropiaron de miles de millones del Fisco, ¿cómo ve usted eso?

Esto pudo ser detectado antes. Y lo más delicado es que el propio fiscal dijo esta semana ante la corte que se están investigando otras situaciones, hay una cuenta de desahucio que se estaba auditando y ya estaba arrojando ciertas cantidades. A veces se pierde la perspectiva y el valor del dinero del que estamos hablando. Se dice 'este carabinero tenía 10, 100, 300 millones'. Imagínese cuantas cosas en salud, en educación se pudieron hacer. Este caso es de los más graves que he visto y vamos a instar porque se aplique todo el rigor de la ley.