La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de cuidado compartido y envió a Comisión Mixta el artículo 225 para su perfeccionamiento -por 66 votos-  de acuerdo a lo que solicitó la ministra del Sernam, Carolina Schmidt, quien asistió al Congreso para incentivar la aprobación de esta iniciativa, que tiene suma urgencia.

"No puede ser que en pleno siglo XXI la ley no le dé una atribución tan básica a una madre como poder abrirle una cuenta de ahorro a sus hijos, solo por el hecho de ser mujer y que no le entregue a un padre la posibilidad de tener el cuidado de sus hijos, solo por ser hombre", indicó Schmidt.

La ley tiene dos focos centrales, los cuales radican en terminar con la preferencia exclusiva de la madre a la tuición de los hijos por el hecho de ser mujer y con la patria potestad exclusiva del padre sólo por el hecho de ser hombre.

Además, si los padres no llegaran a acuerdo ya sea naturalmente o fruto de una mediación, el juez deberá establecer quién tendrá el cuidado de los hijos, debiendo fijar en la misma resolución una residencia habitual al menor, así como un régimen de visita que garantice la presencia regular y permanente de ambos padres su vida.  El juez tendrá un plazo de 60 días para resolver. En el intertanto, la madre, el padre o el tercero que resida con los niños, tendrá su cuidado personal a la espera de la decisión del juez, garantizando así la estabilidad del menor.

"La iniciativa que impulsamos es un gran proyecto y solicitamos su aprobación corrigiendo los siguientes problemas técnicos e inconsistencias presentes en el artículo 225 aprobado por el Senado", indicó la ministra.

Estos problemas consisten en que se establece un plazo mayor al de la ley actual para los juicios de tuición, siendo que la idea es no alargar los plazos sino reducirlos. 

La ministra destacó en su discurso que "este no es un proyecto para las madres, ni para los padres, es un proyecto para los hijos/as.  Son sus necesidades y estabilidad por las que se vela, modernizando la legislación actual y adaptándola a las necesidades y realidad de las familias de hoy".

Por último señaló que "debemos asegurar que el proyecto que aprobemos resguarde siempre la seguridad del menor y su estabilidad, evitando en lo posible la judicialización de las causas".