Por 95 votos a favor, dos rechazos y dos abstenciones la Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley que aumenta las sanciones a los evasores del pago de la tarifa del Transantiago y crea un registro de los infractores que no han cancelado la multa.
La futura ley -que ahora será discutida en el Senado-, establece que a las personas que mantengan la deuda por este incumplimiento se les aplicará la retención de impuestos o bien se les quitará la licencia de conducir.
El ministra de Transportes, Paola Tapia, afirmó que este registro solo podrá ser consultado un máximo de ocho veces por año, a través de la Ley de Transparencia, por lo que "los datos de las personas estarán protegidos".
El diputado Leopoldo Pérez y miembro de la comisión de Transportes (RN) dijo que "aunque valoramos que haya un mayor castigo a quienes no cumplan con esta obligación, hay que recordar que si no mejora el servicio del Transantiago, la gente no querrá pagar".
Fiscalización
Hoy, la ministra Tapia planteó que se implementará un plan piloto para controlar la evasión en una flota de 20 buses del Transantiago. El proyecto, que será utilizado por un operador durante este semestre, contempla la instalación de contadores de pasajeros, servicio que será proveído por una empresa privada.
Otra compañía tecnológica que ha presentado un contador de personas a las empresas del Transantiago y a la autoridad, es TrackTec.
Pablo Borgeaud, gerente general de TrackTec, explicó que esta herramienta consiste en un sensor que se instala en las puertas de los vehículos, lo que permite captar la imagen (el contorno de la cabeza) de los usuarios que pasan por la zona donde se ubica el validador.
"Con esto se puede saber en qué comuna se produjo la evasión, a qué hora y en qué recorrido", señaló.
Esta información puede ser conocida porque las máquinas que tienen este dispositivo cuentan con un GPS.
Añadió que las imágenes de los usuarios que fueron captados eludiendo el pago son cruzadas con las validaciones (las veces que se ha usado la Bip) en el bus, lo que permite conocer cuántas personas, del total que sube, no cumplen con este deber.
Con esto, dijo Borgeaud, las firmas pueden tomar mejores decisiones, pues centran la fiscalización en áreas donde hay elusión del pago de la tarifa.