Por 79 votos a favor y nueve en contra la Cámara de Diputados aprobó ayer la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional (TPI), con lo que el gobierno queda en condiciones de promulgar la norma con que el país se suma al Estatuto de Roma.

"Se logró uno de los grandes objetivos del gobierno de Bachelet en materia de DD.HH.", dijo el ministro de la Segpres, José Antonio Viera- Gallo, tras la votación.

El diputado de RN Alberto Cardemil se abstuvo en la votación. Antes de hacerlo, había pedido formalmente al canciller Mariano Fernández que el gobierno haga una declaración interpretativa respecto de la forma en que son nombrados los jueces en el TPI.

La petición busca que el gobierno, antes de ratificar el tratado, deje en claro que Chile se "reserva" la calificación y aprobación de los jueces que deberán fallar casos en el TPI.

"Queremos dar a Chile la facultad de decidir si los jueces están bien o mal nombrados antes de darles la facultad de juzgar causas en Chile", explicó el parlamentario de RN.

Fernández precisó que el tratado no admite "reservas", pero que no hay inconveniente en "hacer explícito el interés de Chile de que se cumpla el artículo en materia de nominaciones de los jueces", en el sentido de que se respeten las proporcionalidades por "zonas distintas del derecho".