Una sesión especial realizó la Cámara de Diputados para analizar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto al diferendo marítimo con Perú.

La cita, también contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, y los agentes del Estado de Chile ante La Haya, Alberto van Klaveren y Juan Martabit.

Al inicio, el canciller expuso los antecedentes y contexto del caso, luego de la demanda presentada por Perú en enero de 2008.

Tras ello, y luego de una larga sesión, por 67 votos a favor y 1 abstención, la Cámara aprobó dos proyectos de acuerdo según se indica en su página web.

En el primero, se acordó acatar el fallo porque "en su esencia confirma la posición defendida por Chile y cautela en su integridad las 12 millas que constituyen el mar territorial y soberano y la frontera marítima que comienza en el paralelo que pasa por el hito 1, ratificando así el dominio chileno terrestre".

Sin embargo, el texto discrepa de la "decisión de una mayoría de la Corte que señaló que el paralelo que pasa por el hito 1 alcanza solo hasta una distancia de 80 millas, dado que todos los acuerdos, declaraciones y alegatos sobre esta materia entre Chile y Perú, y la práctica consistente de ambos países por más de 60 años, aluden siempre y únicamente a 200 millas marítimas".

Además, lamenta que Chile deba ceder derechos económicos en una zona de aproximadamente 22 mil km2 y reitera la necesidad de que en esta zona nuestro país mantenga y asegure sus libertades de navegación marítima y aérea.

Finalmente, entregó su respaldo al gobierno en cuanto a cumplir y exigir el cumplimiento del fallo, en una implementación gradual y acordada por las partes, bajo los principios de la buena fe.

En segundo proyecto de acuerdo, se plantea que el Estado, a través del gobierno, promueva una Política Nacional de Fortalecimiento de los Espacios Fronterizos, que apunte al mejoramiento de las condiciones de conectividad e integración territorial en el menor plazo posible.

También señalan que es necesario promover mecanismos de estímulo para que las comunidades logren su pleno desarrollo y mejoramiento sostenible de la calidad de vida y la dotación de los elementos esenciales para su plena inserción social, económica y cultural. Política que reconozca las particularidades locales y asegure el término del aislamiento y la marginalidad.