El martes, la comisión de régimen interno de la Cámara de Diputados ratificó que el informe por los alcances que tendrán las comisiones investigadoras unidas por el Caso Penta y el financiamiento de campañas políticas desde 2005 -emitido por la comisión de Constitución- sería aplicado en el trabajo de todas las instancias fiscalizadoras venideras.
Según consigna el informe en sus conclusiones -cuya versión final terminó de ser socializada esta semana-, para el caso de citaciones a funcionarios públicos, la indagatoria se ceñirá a las labores ejercidas en el cargo. Con esto se excluyen todas las actuaciones anteriores a sus respectivos ejercicios.
"La comisión discutió sobre la posibilidad de citar a funcionarios públicos a una comisión investigadora para requerir antecedentes sobre actuaciones que estos desarrollaron como particulares", dice el informe. Y luego determina sus limitantes: "Cabe recalcar que lo que la Cámara investiga son los actos del gobierno y no los de sus funcionarios en cuanto particulares. A estos se les puede citar para interrogarlos sobre su rol como autoridad pública y no para requerir información por la actividad que desempeñaron en tanto particulares".
En este sentido, el documento transparenta un límite al espectro de investigación, aplicable a las comisiones en curso como la que indaga si hay lucro en la Universidad Arcis, y la solicitada por la UDI para conocer el financiamiento a las campañas políticas.
En el caso de Arcis, la norma podría aplicarse en la segunda quincena de diciembre, cuando se haga efectiva la citación a la actual ministra del Sernam, Claudia Pascual. La militante PC fue convocada para dar cuenta sobre su rol -ejercido antes de ser ministra- en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) entidad que estuvo vinculado con la casa de estudios. A esa misma comisión está citado el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, quien fuera presidente de Inmobiliaria Libertad, ligada a la propiedad de Arcis.
Por otra parte, en relación a la comisión solicitada por el gremialismo, el jefe de bancada UDI, Felipe Ward, había anunciado que citarían a un grupo de actuales ministros en función "de lo que hacían en la campaña de Michelle Bachelet".
Esto afectaba directamente a Rodrigo Peñailillo (Interior), Javiera Blanco (Trabajo), Álvaro Elizalde (Vocero) y Alberto Arenas (Hacienda), quienes tuvieron distintos roles en el comando.
Tras conocer el texto que acotará la indagatoria, Ward explicó: "Me parece razonable que se respete el espíritu de la Constitución. Esto es que a un funcionario público se le pueda solicitar para preguntarle respecto a sus funciones actuales".
En el caso de Penta, la restricción aplicaría para una eventual citación del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
Dudas sobre aplicación
Algunos parlamentarios criticaron las limitaciones. El diputado independiente Valdo Mirosevic advirtió de la interpretación restrictiva de la Constitución plasmada en el informe y pone en duda su aplicación. "No podremos investigar a parlamentarios ni a ministros. Vamos a estudiar si verdaderamente este informe tiene por objeto restringir las facultades para que esta comisión nazca muerta", afirmó.
"No estoy de acuerdo que haya restricciones a la labor fiscalizadora", añadió el diputado PS Fidel Espinoza, quien integrará las comisiones por Penta y financiamiento de campañas. Algunos diputados han expresado en privado sus dudas por un supuesto acuerdo entre el PC y la UDI para ajustar el marco de investigaciones por Arcis y Penta. Estas sospechas se acentuaron luego de que el gremialismo votara en contra de la posibilidad de prorrogar la labor de la instancia por la casa de estudios.
