Un informe en derecho solicitó la Cámara de Diputados para precisar jurídicamente el alcance de un requerimiento de la Fiscalía Oriente, que pidió todos los informes y contratos de asesorías de los 120 diputados de la corporación.
Hace algunas semanas, el fiscal Carlos Gajardo evacuó una extensa diligencia a la Cámara, relacionada con la causa iniciada a raíz de una autodenuncia por emisión de boletas falsas interpuesta por la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga.
En esa solicitud, el persecutor del caso Penta pidió toda la documentación relativa a las asesorías externas realizadas entre 2011 y 2015, incluyendo contratos y órdenes de pago, entre otras informaciones.
Días después, la mesa de la Cámara de Diputados pidió a la misma fiscalía detallar qué contenido en específico necesitaba. Y, según conocedores de la causa, el Ministerio Público acotó la solicitud solamente a la totalidad de los informes contenidos entre esos años.
Sin embargo, la mesa de la Cámara optó, antes de enviar los antecedentes, por pedir a expertos un análisis jurídico sobre el alcance de esa diligencia. Esto, para resguardar derechos que involucren a terceras personas que colaboraron con los legisladores.
"Efectivamente, estamos pidiendo un informe a un especialista respecto a la situación de los terceros involucrados en la diligencia, que no son parlamentarios y que de buena fe contrataron con nosotros. Y debemos saber si sus derechos quedan protegidos", dice Miguel Landeros, secretario general de la Cámara.
Según agrega, esto se debe a que hay personas a las cuales la Cámara ha solicitado asesorías, pero que no están al tanto de la investigación en curso.
En este sentido, fuentes vinculadas a la mesa de la Cámara dicen que las personas que no saben sobre esta investigación tienen el derecho, consagrado en el ordenamiento penal, a estar enterados cuando sean objeto de una indagatoria.
Las mismas fuentes agregan que el total de documentos podría ascender a cerca de 7 mil páginas. Y, además, señalan que para la corporación es importante saber si los 120 diputados están siendo investigados o no.
Consultado respecto de si esta acción busca acotar la información que se entregará a la fiscalía o, incluso, terminar ocultándola, Landeros dice que "no podemos (ocultarla), porque estamos obligados a responderle a la fiscalía". Y explica que, incluso, uno de los posibles escenarios es informar de la diligencia, mediante una carta, a las personas que fueran mencionadas en la respuesta al Ministerio Público.
