"No nos parece razonable que sea una facultad exclusiva del SII". Corría marzo de 2015 y el entonces diputado del PPD Jorge Insunza ingresaba con esas palabras un proyecto de ley que permitía al Ministerio Público interponer querellas por delitos tributarios, una atribución hasta ahora excluyente del ente recaudador.
Por ese entonces, el caso Penta ya se había instalado como una verdadera caja de Pandora al develar que muchos delitos tributarios estaban vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas y surgían antecedentes similares respecto de SQM. Todo en medio de un incipiente debate acerca de las trabas que representaba para la labor investigativa de la fiscalía la prerrogativa del SII de iniciar acciones penales.
"En los últimos días, a propósito de las investigaciones que lleva a efecto el Ministerio Público sobre grandes contribuyentes imputados por la comisión de delitos tributarios, la opinión pública ha podido observar cierta tensión entre los servicios mencionados (SII y Fiscalía) en razón de que el Servicio de Impuestos Internos no habría ampliado sus denuncias ni entregado antecedentes sobre otras variables que han aparecido a partir de la investigación que desarrolla la fiscalía, con lo cual, a fin de evitar las suspicacias y suposiciones que surgen a propósito de este tipo de tensiones, surge la necesidad de ampliar las funciones que le otorgan la Constitución y su ley orgánica al Ministerio Público", era, de hecho, una de las argumentaciones incluidas en el mensaje de la iniciativa.
Presión al gobierno
A poco más de dos años, el proyecto de Insunza -en coautoría con el diputado también PPD Jorge Tarud- será puesto en tabla la próxima semana por el presidente de la Cámara, el PS Fidel Espinoza.
Pese a la reactivación de la iniciativa, esta es vista como una presión simbólica al gobierno. Esto, debido a que un proyecto de este tipo requiere del patrocinio del Ejecutivo, el que ha defendido la autonomía del servicio y se ha resistido a quitarle su prerrogativa.
En medio de los cuestionamientos que ha recibido esta semana el SII por priorizar la vía administrativa a la penal y ante el resurgimiento de voces que piden restringir sus atribuciones exclusivas, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo el lunes que contagiar al servicio "con temas de corto plazo, que tienen atrás aristas que no son la recaudación, es un error".
En los dos años desde que el proyecto fue ingresado, Insunza renunció a la Cámara para asumir como ministro Segpres en mayo de 2015, cargo en el que se mantuvo solo por 28 días, tras dimitir luego de que se conocieran las asesorías que su empresa Virtus Consultores prestó a Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic, mientras él integraba la Comisión de Minería en la Cámara y por las cuales hoy está siendo investigado por la fiscalía.
En su breve paso por el gabinete, Insunza insistió en sus cuestionamientos a la forma como el SII enfrentaba casos relacionados con aportes irregulares a la política. A días de prestar juramento, de hecho, cuestionó al entonces director del SII Michel Jorratt por la forma en que enfrentó la situación de Giorgio Martelli en el marco del caso SQM.
Y el día de su renuncia insinuó presuntas gestiones de la UDI por una amnistía para los casos de platas políticas. "No voy a aceptar que una debilidad mía les permita reforzar la estrategia de la impunidad. Sé que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia", acusó.
