Segundo eje programático aprobado en su primer trámite. La Cámara de Diputados despachó ayer la reforma educacional, que elimina la selección, el copago y el lucro en colegios subvencionados. Un avance que, en todo caso, ni el Ejecutivo ni simpatizantes del movimiento estudiantil pudieron celebrar con holgura.
A la votación en sala, que se extendió por más de seis horas, el gobierno había llegado confiado con una base de votos que, en principio, le permitiría ratificar su proyecto y las enmiendas posteriores patrocinadas por el Ejecutivo.
Pero había un punto conflictivo: la medida ideada por la bancada estudiantil y apoyada por el PS y algunos DC y PPD, que penaliza con presidio menor a quien sea sorprendido lucrando y no reintegre al Fisco esos recursos públicos.
Alertados de la decisión de La Moneda de dar "libertad de acción" a aquellos ajustes que no fueran del Ejecutivo, un grupo de legisladores diseñó una contraofensiva. Así, ayer en la mañana advirtieron al gobierno de que si era rechazada la norma que penalizaba el lucro con cárcel, no apoyarían el mecanismo que permite a sostenedores de colegios arrendar la sede del establecimiento.
La advertencia obligó a ministros y asesores del Ministerio de Educación y de otras reparticiones a desplegar un intenso lobby con parlamentarios del bloque, lo que se tradujo en varias "reuniones de pasillo".
La apuesta del gobierno era atenuar el rechazo y tratar de que los diputados oficialistas críticos de "la cárcel al lucro", en vez de votar en contra, se abstuvieran.
En la sala, antes de la votación, las señales de advertencia fueron exteriorizadas. "Lamento que este gobierno, al cual le entregué toda mi lealtad, haya mirado el techo con esta indicación (cárcel al lucro), que es fundamental", dijo Fidel Espinoza, diputado PS.
Finalmente, en una votación frecuentemente interrumpida por consignas, desde la galería, del Colegio de Profesores, estudiantes y apoderados favorables y contrarios a la reforma, se fraguó la división del conglomerado oficialista.
La indicación sobre cárcel al lucro sólo tuvo 56 votos a favor. Ese apoyo no fue suficiente, ya que los 51 votos en contra y las ocho abstenciones eran mayoría, lo que se traducía en rechazo.
"Hubo una presión indebida. No corresponde, no me van a presionar con esas cosas", dijo el DC Fuad Chahín, al justificar su decisión de no apoyar la pena de cárcel al lucro.
Minutos después se materializó la amenaza de la bancada estudiantil y de algunos PS y PPD. El arriendo de establecimientos se rechazó por lograr sólo 57 votos a favor, versus 50 en contra y ocho abstenciones. Entre los sufragios negativos figuraba: Giorgio Jackson, Alberto Robles (PR), Alejandra Sepúlveda, Vlado Mirosevic (PL), Gabriel Boric y Cristina Girardi (PPD). Se abstuvieron: Sergio Aguiló (IC), los PS Luis Lemus, Roberto Poblete, Fidel Espinoza, Jenny Alvarez y Denise Pascal y las PC Camila Vallejo y Karol Cariola.
El resultado generó recriminaciones cruzadas en el oficialismo. Algunos también apuntaron a la responsabilidad del gobierno.
"Desde el Ejecutivo no hubo el suficiente énfasis para respaldar esa medida", dijo Vallejo, quien agregó que, dado que el arriendo daba cierta permisividad, era necesario compensar con sanciones duras.
Pese al rechazo de estas medidas, en el gobierno valoraban haber sacado adelante el grueso de la reforma. Además, fueron apoyados algunos puntos polémicos promovidos por diputados.
Así, la Cámara aprobó prohibir que los colegios pagados puedan expulsar alumnos por rendimiento académico, medida que también se aplicará a establecimientos municipales o subvencionados.
También se aprobó la obligación para que Agencias Técnicas Educativas (ATE) deban constituir en organizaciones sin fines de lucro.
En estas materias, sin embargo, RN y la UDI hicieron reserva de constitucionalidad, por considerar que eran normas que afectaban garantías de la Carta Fundamental.
En total, la Alianza presentó alrededor de 14 objeciones de constitucionalidad. Mediante esas reservas la oposición podría en un futuro recurrir al Tribunal Consti- tucional, para impugnar alguna medida, pero la decisión es esperar el trámite en el Senado antes de dar el siguiente paso.
