En la tarde de este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago envió un escrito a la mesa de la Cámara de Diputados. En ese documento, el tribunal de alzada notificó oficialmente a la corporación de la condena por injurias graves con publicidad fijada en contra del diputado Gaspar Rivas (independiente, ex RN).
A raíz de sus críticas en contra del empresario y vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, el parlamentario recibió el 28 de diciembre pasado una sentencia del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, con la que se le ordenó el pago de una multa de $ 1 millón 800 mil y se le prohibió ejercer cargos públicos por seis meses, quedando incapacitado de desempeñar su rol en el Congreso.
Así, el legislador presentó un recurso de nulidad para dejar sin efecto este último impedimento, lo que fue rechazado el 22 de febrero pasado. Fue esta última decisión la que se informó a la Cámara.
Con ese escrito de la Corte de Apelaciones de Santiago, la mesa de la corporación, liderada por Osvaldo Andrade (PS), tomó formalmente la decisión de suspender, durante seis meses, el pago de la dieta de Rivas ($ 6 millones 500 mil mensuales, aproximadamente). La determinación comenzó a hacerse efectiva desde este miércoles. Y, en total, lo que dejará de recibir el diputado llega a alrededor de $ 39 millones. Por ley, ese monto no puede ser reasignado internamente en la Cámara, por lo que deberá ser reintegrado a fin de año al Fisco.
Además de lo anterior, en paralelo Andrade envió durante la tarde un oficio a la Comisión de Etica de la Cámara para solicitar que esa instancia analice y se pronuncie sobre otros montos que recibe Rivas mensualmente.
En concreto, a través de ese escrito se pidió que se revise la pertinencia de terminar con el pago de las asignaciones parlamentarias que recibe el legislador, un monto cercano a los $ 5 millones 700 mil mensuales que se utilizan para gastos operacionales.
"El fallo lo que señala es que durante los seis meses que dura la sentencia el diputado Rivas no puede ejercer la condición de funcionario público y, en consecuencia, tampoco de parlamentario. Así, no corresponde el pago de la dieta", dijo Andrade a La Tercera. Y agregó: "Antes, al ser desaforado, se le habían reasignado algunas asignaciones, por ejemplo, de pasajes aéreos, y tampoco podía hacer contrataciones de asesorías externas y no podía ampliar los contratos de sus colaboradores. Ahora se decidió suspender el pago de su dieta y, además, revisar si corresponde el pago de asignaciones vinculadas con arriendos o servicios".
Las asignaciones parlamentarias de los diputados contemplan montos para personal de apoyo -como secretaria y otros profesionales-, asesorías externas, pasajes aéreos y gastos operacionales. Por este último ítem se contemplan desembolsos para oficinas y materiales, telefonía, traslados, cerca de $ 2 millones al mes para viáticos, bencina, arriendo de vehículos para trabajar en sus distritos, amortización, peajes, alojamiento y alimentación, correspondencia, difusión, actividades distritales y servicios menores.
