La idea de modificar la Consulta Indígena no contribuye a la certezas que está pidiendo el sector minero", afirma tajante el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Su sentir es ampliamente compartido entre los privados.
La decisión del gobierno de revisar el procedimiento de consulta indígena abre un nuevo flanco de dudas, pues a juicio de empresarios al sistema aún no se le ha dado el suficiente tiempo para demostrar sus virtudes y/o defectos, y ya esta en tela de juicio.
Algunos incluso creen se puede abrir una caja de Pandora, con un complejo e incierto cierre.
El miércoles recién pasado los ministros de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas y de Medioambiente, Pablo Badenier anunciaron que los Decretos Supremos 66 y 40 -cada uno de sus respectivas carteras- serán sometidos a revisión.
Dichos decretos regulan el proceso de consulta indígena, que mide las eventuales afectaciones de proyectos de inversión en comunidades, cuyos integrantes pertenecen a pueblos originarios. Hasta ahora este proceso se gatilla, de ser necesario, en medio de la evaluación ambiental al que son sometidas las iniciativas de inversión. La separación del proceso de consulta de la evaluación ambiental, según las propias autoridades, debería concretarse en el primer trimestre de 2015.
Por otra parte, desde el 3 de septiembre la autoridad se está reuniendo con los nueve pueblos indígenas reconocidos por el Estado para sentar las bases de una nueva institucionalidad: el Ministerio de Asuntos Indígenas, que sería, además, el vehículo escogido para realizar a futuro el proceso de consulta indígena.
La batería de propuestas no gustó a los privados.
Fuentes explican que se han informado por la prensa de los cambios que se pretenden hacer. En ese sentido, reclaman que hay un tema de oportunidad, pues no es el momento de innovar en la materia en medio del escenario de incertidumbre. Además, se trata de un capítulo que tuvo un cierre reciente y no es conveniente abrirlo.
Tampoco adhieren a la idea de fragmentar la consulta, pues aunque se reconoce que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tiene falencias, no es la solución separarlo, ya que las inversiones deben ser vistas como un todo. El tercer punto que cuestionan es el de la institucionalidad, donde se preguntan ¿para qué?
A juicio del ex director del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), Ricardo Irarrázabal sacar la consulta indígena del SEIA "sería un grave error", y advierte que si se insiste en ello se podría transformar en una "suerte de Transantiago para la evaluación ambiental de proyectos".
Para Irarrázabal esta decisión "puede generar consecuencias bastante complejas. Ya, per se, genera un nivel de incertidumbre bastante grande", y agrega que incluso podría transformarse en un "derecho a veto" de los pueblos indígenas frente a proyectos de inversión.
Otras dudas apuntan a una posible "duplicidad" de funciones entre la consulta y el SEIA.
"En el proceso de evaluación ambiental se pueden gatillar observaciones que pueden generar incompatibilidad de los acuerdos que se pueden haber alcanzado previamente con las comunidades", sostiene Matías Abogabir, quien fue jefe de la unidad de Asuntos Indígenas entre 2011 y 2014.
Abogabir manifiesta que es fundamental buscar fórmulas que no terminen "enredando más" el proceso, tanto para titulares de proyectos y las propias comunidades, las que a juicio del ex funcionario de gobierno, "tampoco quieren verse enfrentadas a procesos engorrosos".
El cuestionamiento más reiterativo, dice relación con el escaso tiempo en práctica que lleva el nuevo reglamento del SEIA, que entró en vigencia el pasado 6 de marzo.
Uno de los argumentos para revisar la reglamentación del organismo evaluador de impacto ambiental, fue que "mezcla peras con manzanas", como dijo Badenier, haciendo referencia a la inclusión de la consulta dentro del proceso de evaluación.
"Estos reglamentos -los que regulan el funcionamiento del SEIA- no se sacaron el último día", recordó Ricardo Irarrázabal. El ex director del SEA agregó que la fecha de promulgación de dicho reglamento "es del año 2012, y se dictaron después de un proceso muy intenso de consulta que se comenzó en los inicios del gobierno (de Sebastián Piñera)".
Mayor participación
Pero las dudas acerca de los eventuales alcances que tendrá la revisión del proceso de consulta indígena, y la creación del ministerio respectivo, no sólo están presente en el mundo privado, sino en las mismas comunidades.
Jorge Weke, werkén del parlamento de Koz Koz, que agrupa a las comunidades mapuches del sur de la Región de La Araucanía y de las zonas cordilleranas de la Región de Los Ríos, señala que el anuncio de los ministros Villegas y Badenier no les dice nada, "porque igual se estarían aplicando los decretos 66 y 40".
Lo que los pueblos originarios postulan es la derogación de los mismos, y que en la discusión de la nueva institucionalidad sea considerada su opinión. "Cualquier modificación del decreto debe contar con nuestra participación", sostuvo Weke.
¿Y que opina acerca de la creación de un eventual Ministerio de Asuntos Indígenas? El werkén fue claro. "Nosotros no estamos pensando en la creación de un ministerio", señaló. A su juicio, debería existir una instancia superior a la de un Ministerio, "como por ejemplo, otorgarle a las organizaciones, en este caso al pueblo mapuche, un régimen de autogobierno, como lo establece artículo 7 del convenio 169".
