El primer ministro británico, David Cameron, estimó que tan sólo un tercio de los funcionarios británicos secunda hoy la huelga de empleados del sector público en protesta por las reformas al sistema de pensiones y al que estaban llamados dos millones de trabajadores.

En una comparecencia ante el Parlamento, Cameron, dijo además que un 40 % de los colegios de Reino Unido permanecen abiertos y que sólo 18 oficinas de empleo cerraron sus puertas durante la jornada de huelga, que calificó como "un fiasco" al considerar que las alteraciones en los servicios públicos han sido mínimas.

El jefe de gobierno agradeció a quienes acudieron a sus puestos de trabajos y a los voluntarios que han mantenido operativos los controles de aduanas en los aeropuertos, donde apenas se han registrado contratiempos.

"Quiero dar las gracias a esas personas, entre las que se incluyen varias del número 10 de Downing Street (su residencia y despacho oficial), que están ahora ayudando a mantener abiertas nuestras fronteras para asegurar que (los aeropuertos de) Heathrow y Gatwick funcionan de forma adecuada", apuntó Cameron.

Consideró que las medidas de contingencia adoptadas en los puestos de aduanas han logrado "minimizar el impacto" de la huelga y que existe "una cobertura completa en servicios de ambulancias".

"Pese a la decepción del partido de la oposición, que apoya huelgas irresponsables y dañinas, parece algo así como un fiasco", señaló Cameron, quien insistió en que los cambios impuestos en los sistemas de pensiones son "justos". "Creemos que las pensiones del sector público deberían ser generosas, pero puesto que la gente vive más tiempo, es correcto y justo que hagamos mayores contribuciones", dijo el jefe del Ejecutivo.

MEDIDAS
Los huelguistas se oponen a las reformas impuestas por el gobierno a sus planes de pensiones, que incluyen elevar la edad de jubilación, de forma que no podrán empezar a cobrar sus pensiones a los 60 años. También se prevé aumentar las contribuciones individuales y reducir el monto final, que pasará a calcularse con una media del salario percibido en toda la vida laboral, en lugar de con la última remuneración.

En un intento por evitar la huelga, el Gobierno presentó este mes una nueva oferta que establece que el retraso previsto de la edad de jubilación hasta los 67 años no afecte a los funcionarios que vayan a jubilarse la próxima década, que a su vez mantendrían invariable el monto de su pensión.