Por segundo día consecutivo, Sebastián Piñera y Marco Enríquez- Ominami coincidieron en su agenda política. Si el sábado los dos criticaron el fallo que impide la distribución de la "píldora del día después", ayer respaldaron un pacto entre el Congreso y el Ejecutivo para normar definitivamente los gastos parlamentarios.
La iniciativa es impulsada por el presidente del Senado, Jovino Novoa, y de la Cámara Baja, Rodrigo Alvarez, quienes se reunieron con el ministro Edmundo Pérez Yoma para plantearle una fórmula que frene el desprestigio en que ha caído el Congreso, tras las irregularidades protagonizadas por algunos diputados, según informó ayer La Tercera.
El plan consiste en constituir un organismo externo que audite, determine y se haga cargo de la entrega de los dineros asignados a los diputados por concepto de asesorías, combustible, arriendo de sedes distritales y telefonía, que en total suman más de $ 7 millones mensuales.
La idea puede plasmarse a través de cambios reglamentarios o de un proyecto de ley. Pero en el Congreso pretenden sumar al Ejecutivo por dos razones: combatir los focos de resistencia que podría encontrar una iniciativa que planteará fuertes restricciones a los diputados, y conseguir un impacto público similar al acuerdo de modernización del Estado que se firmó en 2003, en pleno caso MOP-Gate.
CANDIDATOS COINCIDEN
"La forma como se administran estas asignaciones ha demostrado ser insuficiente. Como no existe un control efectivo, muchos parlamentarios caen en la tentación de usar todo tipo de subterfugios para apropiarse de esos dineros", sentenció ayer Sebastián Piñera.
El abanderado de la Alianza anunció, además, que en los próximos días se reunirá con Novoa y Alvarez para respaldar la iniciativa. En todo caso, precisó que "no vamos a apoyar ningún acuerdo que pretenda ocultar o barrer bajo la alfombra lo que está mal como ocurrió en el caso Gate".
En la misma línea, Marco Enríquez cuestionó que en la actualidad los diputados administren sus recursos "como una pyme". "Actualmente, el diputado debe resolver un conjunto de temas que no ayudan a la labor legislativa. Creo que es mucho más sano que el Congreso cree (algo parecido) a una gerencia general para distribuir los recursos como corresponda", comentó.
Desde el comando de Eduardo Frei, el diputado Jorge Burgos también validó la propuesta de los presidentes de las ramas del Congreso. "Un acuerdo político para legislar por más transparencia en materia de asignaciones públicas siempre será positivo", sostuvo, aunque precisó que el pacto no podría "involucrar investigaciones judiciales en curso".
En el gobierno confirmaron la cita de Pérez Yoma con los presidentes de ambas Cámaras, pero relativizaron el rol que podría jugar el Ejecutivo. "Nosotros aplaudimos todos los esfuerzos que haga el Congreso para mejorar sus estándares de transparencia", sostuvo el ministro José Antonio Viera-Gallo, quien precisó que la fórmula propuesta por los personeros UDI puede aplicarse a través de cambios reglamentarios.
