Las estimaciones de Carabineros aseguran que por cada falso aviso de bomba que recibe la policía, al menos 16 funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), del Laboratorio de Criminalística y efectivos territoriales de la institución, deben movilizarse para analizar la veracidad de la denuncia.
A los cortes de tránsito y aislación de los lugares afectados, la policía uniformada debe lidiar con otro factor determinante: el alto costo asociado a los operativos. Estos despliegues, cuantificado en horas-hombre y traslados, incidirían en el desembolso de casi $ 3 millones por parte de Carabineros.
Si bien en las últimas 72 horas la policía se ha movilizado para atender, al menos, cuatro operativos infructuosos, las cifras históricas revelan el alto número de procedimientos realizados por falsas denuncias, objetos olvidados y artefactos simulados en todo el país (ver infografía).
Los paquetes sospechosos que movilizaron a uniformados llegaron a 857, entre 2010 y 2013. Sólo en lo que va del año, según la policía, se ha concurrido a 26 procedimientos de esta naturaleza. Los artefactos simulados, en igual período, suman 53.
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, aseguró que "no podemos admitir que se afecte la tranquilidad pública y se malgasten recursos de Carabineros, por falsos avisos de bomba". Agregó que "la ciudadanía puede desplazarse tranquilamente por la gran mayoría de los lugares públicos sin ningún tipo de temor, lejos de la realidad de otras capitales en Sudamérica".
El diputado Gustavo Hasbún (UDI) aseguró que detrás de la seguidilla de denuncias "hay una sicosis colectiva de la población ante estos hechos y uno ve que el gobierno no tiene una postura clara con el tema".
El legislador aseguró que "los grupos ven que al gobierno le ha temblado la mano. Y al ver eso, los grupos subversivos actúan libremente. Ellos están jugando y la gente tiene temor a ser afectada por artefactos explosivos, la batalla la están ganando ellos, porque las autoridades no asumen la responsabilidad".
Según Hasbún, tras el ataque explosivo a la parroquia Santa Isabel, en Santiago, la bancada UDI resolvió querellarse invocando la Ley Antiterrorista en cada ataque explosivo o incendiario.
Para el diputado del PPD Pepe Auth, "mientras más hablemos del tema, más incentivo tienen aquellos que quieren intervenir o atacar el sistema, porque lo que buscan es llamar la atención".
El legislador oficialista agregó que "si hacemos de esto un tema de sociedad, estaremos cumpliendo su propósito. De tanto hablar de terrorismo, vamos a terminar por generar un terrorismo de verdad. Hasta el momento, en Chile no hemos tenido una expresión como las que ocurrieron en otras épocas o que ocurren en otras partes del mundo".
ACCIONES LEGALES
Luego de los cuatro últimos operativos policiales, iniciados tras falsas denuncias de bomba, el gobierno decidió querellarse en contra de quienes resulten responsables por la distracción de recursos policiales.
Las acciones judiciales -presentadas en el 8º Juzgado de Garantía- aducen un supuesto delito de "desórdenes públicos", argumentando que afectan la tranquilidad de la población y que moviliza a un gran contingente de uniformados, desde el domingo pasado.
Los libelos responden a los falsos llamados de emergencia registrados el domingo, en las estaciones del Metro Trinidad y Vicente Valdés, y el lunes 28 en la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y en el Hospital Barros Luco. Ayer, en tanto, hubo otros tres falsos avisos, de los cuales dos correspondían a establecimientos educacionales.
Las querellas solicitarán que la fiscalía investigue si los falsos llamados tienen posibles vinculaciones con la colocación de artefactos explosivos que han afectado a diversos puntos de Santiago en las últimas semanas. Según la ley, los responsables de estos hechos arriesgan penas que van entre 61 a 540 días de presidio.
