Una cita extraordinaria encabezó la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, donde participaron el Ministerio Público, la Subsecretaría del Interior y Carabineros. En la instancia se abordaron los hechos de violencia rural que afectan a las regiones de La Araucanía, del Biobío y de Los Ríos.

En ese contexto, el general director de la policía uniformada, Bruno Villalobos, abordó la situación policial en la zona, donde destacó el despliegue de los funcionarios policiales, las medidas de protección y también la labor investigativa desarrollada en el perímetro, donde hasta ahora sólo se conocía la eventual participación activa de dos grupos violentistas, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Weichán Auka Mapu.

El general sostuvo, sin embargo, que había un tercer grupo violentista en la zona, aunque prefirió no entregar más detalles, debido a que se trata de información de inteligencia, la cual será aborda-da de manera secreta ante los senadores. "Hay dos que se señalaban (CAM y Auka Mapu), pero hay un tercer grupo, aunque preferiría que esa información sea secreta. Estamos estudiando y tienen vinculación (con hechos violentos). Ahora, el nacimiento tiene que ver con la repartición de otro grupo. Todo ese historial preferiría darlo en otra instancia, ya que se mezcla información que es judicial y otra de inteligencia", señaló.

Sobre las indagatorias, el fiscal nacional (S) Andrés Montes dijo que "hay una serie de investigaciones que actualmente están en curso, que han permitido identificar algunas personas y, además, hay varias otras cuyas identificación está pendiente".

Adjudicaciones y la ANI

El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, junto a su par del Biobío, Julio Contardo, también abordaron la situación en el sector. Este último destacó el trabajo coordinado del Ministerio Público, el cual, señaló, se ha traducido en la disminución de los delitos en la zona.

Por su parte, Paredes sostuvo que "casi la totalidad de los hechos de violencia rural se ha adjudicado a la reivindicación de tierras". En la IX Región, durante este año, se han registrado 227 hechos de violencia rural, cifra menor a los 299, de 2015.

Sin embargo, Paredes advirtió una tendencia al alza en los delitos de incendio, los que actualmente representan un 28% de los hechos violentos en los sectores rurales. Según explicó el fiscal jefe de la IX Región, este año se han quemado 61 inmuebles, y en el mismo período de 2015 fueron 50. Además, destacó que "durante el 2016 han aparecido otras variables, como, por ejemplo, algo que no se había registrado antes, como la quema de iglesias". Este año han sido 16 los templos religiosos incendiados.

El Ministerio Público también fue crítico con las dificultades con las que se han encontrado a la hora de realizar sus labores. El fiscal Montes lo ejemplificó con las diferencias existentes entre las facultades investigativas de la Ley 20.000 y los hechos de violencia rural, como, por ejemplo, el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas. Además, cuestionó la forma en que se puede acceder a información con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). "Apreciamos un problema estructural en la definición del modo en que participa la agencia en la entrega de antecedentes al Ministerio Público.", dijo el fiscal (S) nacional.

En tanto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que "hay un trabajo de permanente coordinación con Carabineros, lo que ha permitido la disminución de los delitos".

La comisión fijó audiencia para la próxima semana, donde nuevamente los invitados expondrán sobre la situación en las zonas rurales de La Araucanía, Biobío y Los Ríos. El presidente de la Comisión de Seguridad, senador Felipe Harboe (PPD), precisó que "es fundamental que se siga participando de estas instancias, pero también hay que acelerar la discusión y la urgencia de la Ley Antiterrorista, para que no se hable de ella sólo cuando ocurra algún hecho específico".

El senador consideró relevante la creación de un nuevo estatuto de protección de testigos como una forma de asegurar un importante elemento de prueba.

"Muchas veces el Ministerio Público requiere de la comparecencia de testigos para lograr condenas, y si no hay un estatuto de protección, hay un elemento de prueba menos para el proceso judicial. Es deber del gobierno enviar prontamente un proyecto de ley con un estatuto especial de protección de testigos en juicios de delitos complejos y otra en el marco de la discusión antiterrorista y de seguridad del estado que incluya nuevas facultades", planteó.