"En 2013 trabajaba en la Siat de Punta Arenas y fui contactado por el capitán (Francisco) Estrada, con el que tenemos una amistad de varios años, el que me ofreció un negocio de depósitos en efectivo, aprovechando las debilidades del sistema informático institucional". Así, el capitán (r) Felipe Avila relató la puesta en marcha de la organización criminal al interior de Carabineros, según el Ministerio Público, compuesta por nueve ex oficiales que se desempeñaban en puestos clave en los departamentos encargados de velar por el pago de remuneraciones y administrar las finanzas de los 65 mil efectivos de la institución. En total, hasta el momento, el monto defraudado supera los $ 10 mil millones.

Este antecedente fue dado a conocer ayer por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien formalizó a Avila como uno de los receptores de los fondos. Sin embargo, durante la audiencia también levantó cargos por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos al general (r) Flavio Echeverría y al coronel (r) Jaime Paz. También les imputaron cargos a los ex oficiales Héctor Nail, Robinson Carvajal, Nelson Valenzuela, Francisco Estrada y Ramiro Martínez, junto al civil Gonzalo Carrasco, quien se desempeñaba como proveedor de la institución. A todos se les solicitó prisión preventiva, medida que también fue pedida por el Consejo de Defensa del Estado (ver listado).

"Sólo al día de hoy se lleva analizado el 63% de la cuenta 'Remuneraciones' de Carabineros y hay fondos malversados por más de $ 10 mil millones. Pedimos que sólo se nos informaran(para su análisis) montos altos superiores a $ 5 millones, porque nadie dentro de la institución puede ganar más que el general director", señaló Campos.

El modus operandi era el siguiente: se sacaba dinero de cuentas institucionales a través de la adulteración de las plantillas de sueldos, se depositaban en cuentas de oficiales coludidos con la organización, a quienes se les pagaba una comisión del 10%; ellos sacaban el dinero por medio de transacciones y giros por sumas pequeñas, para no levantar sospechas, proceso conocido como "pitufeo"; posteriormente, entregaban el dinero en efectivo, a veces en bolsos, a los cabecillas, quienes lo invertían en bienes, vehículos y fondos mutuos.

El fiscal señaló que Echeverría era uno de los "ideólogos" de este sistema de defraudación, que se desarrolló entre 2011 y 2015, y uno de los líderes del grupo, quien durante el período en que se sacaron los fondos era miembro del alto mando y la autoridad a cargo de velar por toda la administración y ejecución del patrimonio estatal de la institución.

Para esto, de acuerdo al Ministerio Público, el general en retiro -que según el general director, Bruno Villalobos, fue llamado a retiro sólo por su responsabilidad en el mando- habría decidido los montos que se iban a retirar de las cuentas institucionales, habría dado órdenes explícitas a otros miembros del grupo y supuestamente tenía que justificar y esconder el déficit patrimonial que se iba generando. Según el Ministerio Público, Echeverría hizo inversiones por $ 416 millones en fondos mutuos desde 2011.

Otro de los líderes era Paz, el entonces jefe del Departamento de Remuneraciones, quien, de acuerdo al fiscal, autorizaba la desviación de los fondos y coordinaba las acciones. Una de sus funciones era paralizar todos los intentos de fiscalizar al grupo dentro de la institución. Incluso, se hicieron pagos a funcionarios de la contraloría interna de la institución, la que controlaba la unidad de Finanzas.

La principal amenaza fue una investigación administrativa que partió a raíz del reporte de operaciones sospechosas que hizo el Banco Falabella y el BancoEstado a la institución respecto dedespósitos a Avila. Esta quedó en manos de Paz: "Yo tenía conocimiento de todas las diligencias que estaba realizando la Fiscalía de Punta Arenas, ya que Estrada me iba contando todo lo que iba pasando y me decía que el general Echeverría ya estaba solucionando todo, que era un procedimiento normal entre ellos y él tenía la misión de tapar todo (...). En el mes de diciembre de 2016 me reuní con el comandante Nail Bravo y con Estrada, quienes me dijeron que debía echarme la culpa de todo y que ellos me costearían los abogados de ser necesario", indicó Avila en su declaración. Incluso, en otro testimonio de los involucrados se indica que en una ocasión supuestamente Echeverría habría levantado su billetera en signo de que estaba vacía. "En el año 2014 fue a la oficina del general Echeverría con Nail , Echeverría le exhibe su billetera a Nail, moviéndola y señalándole que está flaca", delcaró Pedro Valenzuela, quien recibió depósitos por $ 427 millones.

La fiscalía también dio a conocer que el general en retiro visitó al ejecutivo de cuentas de BancoEstado para evitar que el caso pasara a la fiscalía: "El reconoce una conversación con un ejecutivo de BancoEstado en enero de 2015 (...). Justifica esta situación al funcionario con el fin de evitar que pase de la responsabilidad administrativa a la sede penal", dijo el fiscal Miguel Angel Orellana.

Nail Bravo lideraba la coordinación de los oficiales que facilitaron las cuentas y generó la excusa para esconder el fraude. "Se dedicó a explicar cómo determinados problemas informáticos a través de un sistema administrado por una empresa externa había generado estos errores en la asignación de recursos a través de transferencias electrónicas", dijo Orellana. El Ministerio Público indicó que cuando comenzó a revelarse este hecho, intentaron devolver parte del dinero. "Apareció una segunda cuenta para tapar este hoyo, de desahucio. En cinco días tenemos más de $ 980 millones sólo en esa cuenta", indicó el fiscal Campos. En la audiencia se dio a conocer que hay 50 personas que fueron destinatarias de fondos.

El magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Mario Cayul, al tener estos antecedentes en decidió dejar en prisión preventiva a ocho imputados por constituir un "peligro para la sociedad" y ceditó las pruebas. En el caso de Ramiro Martínez Chang se decertó su arresto domicilario nocturno. "Me parece que los antecedentes del Ministerio Público en esta etapa dan cuenta respecto a la existencia de malversación de caudales públicos, respecto de todos los imputados", dijo el juez. Por estos delitos, los formalizados arriesgan 15 años de presidio.