Una serie de diligencias realiza el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Occidente para determinar quiénes participaron el lunes en el bloqueo realizado por taxistas de la ruta al aeropuerto Arturo Merino Benítez que generó una gran congestión vehicular de pasajeros que se trasladaban para tomar sus vuelos. Ese día, además, un turista brasileño que iba en dirección al terminal aéreo murió en medio de la protesta.
Si bien hubo más de veinte detenidos, las pesquisas se enfocan a buscar y detectar a los organizadores de la manifestación y la forma en que se coordinaron para alterar el orden público. Es por esto que el OS-9 investiga a 152 conductores de los taxis que fueron abandonados por sus dueños ese día en los accesos del lugar.
Tras ser empadronados, la policía notificó al centenar de choferes, a quienes se les cursó una infracción por dejar los vehículos en lugares no autorizados para estacionar. De esta forma, todos ellos ahora están en la mira de la indagatoria por el presunto delito de Ley de Seguridad del Estado. Esto, luego de que el gobierno se querellara ayer por este ilícito, cuyas penas parten en 10 años y pueden llegar a cadena perpetua, con el objetivo de perseguir a quienes habrían alterado el orden público. Del total de automóviles sancionados, la policía alcanzó a incautar 11 de ellos, los que fueron entregados ayer a sus dueños y seis fueron enviados al Almacén Aparcadero Metropolitano.
Además, por orden de la Fiscalía Occidente, el OS-9 obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Según fuentes del caso, estas grabaciones dan cuenta que al paro llegaron cerca de 150 personas, quienes actuaron de forma coordinada en cortar las rutas de acceso a la terminal aérea e impidieron el ingreso de una ambulancia para atender a Mario Irochi Suzuki, brasileño que murió tras sufrir una descompensación y posteriormente fallecer de un infarto agudo al miocardio.
Imputados
Ayer, en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago se realizó el control de detención de cuatro taxistas que participaron de la protesta, a quienes se les amplió el arresto hasta el viernes, día en que serán formalizados. "El delito de la Ley de Seguridad del Estado es bastante complejo. Se requiere mayor información que tenemos que recabar para ver si se configura o no el ilícito que el querellante señala, para eso se amplió la detención", explicó a La Tercera el fiscal del caso, Sergio Álvarez.
Respecto a las consecuencias del hecho, el fiscal detalló ayer en la audiencia que la Dirección General de Aeronáutica (DGAC) le comunicó que más de 1.000 personas fueron afectadas.
Si bien en un principio se comenzó investigando un cuasidelito de homicidio por la muerte del extranjero, todo puede cambiar con el resultado de la autopsia, dado que se debe determinar si su muerte era un hecho inevitable por su estado de salud o fue gatillada por la espera.
En esa línea, Álvarez aseguró que todavía falta verificar "a través de los peritajes que se hacen al fallecido, si tuvo o no relación esta espera extensa (de la ambulancia) con la muerte, porque ahí también se aumenta la pena (para los imputados)".
Si se determina que el fallecimiento se generó por la alteración del orden público, se cambiará la figura del cuasidelito de homicidio que tiene penas de menor intensidad.
En tanto, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, dijo que los "desórdenes están dentro de la Ley de Seguridad del Estado, así que es probable que el viernes cuando se recaben esos hechos, la fiscalía formalice por esos delitos".
En tanto, la defensora pública de los taxistas arrestados, María Paz Bahamondes, indicó no estar de acuerdo con la ampliación de sus detenciones.
"Los cuatro están con todos sus permisos en regla y estaban ayudando a la circulación de los vehículos ", dijo. Agregó que "sí ocurrió un caos, no lo podemos negar, pero lo que debe hacer el fiscal es decir qué fue lo que hizo cada persona y por qué fue detenida, no basta con decir que estaban desordenando".
