Presuntos delitos de corrupción tienen en la mira del Ministerio Público a una nueva unidad de la policía uniformada. Se trata de la Sección de Mediciones Psicométricas (Semep) de Carabineros, ente encargado de hacer evaluaciones psicotécnicas a conductores de vehículos motorizados, ya sean estos miembros de la institución, como también de particulares.

En el caso de estos últimos, se refiere específicamente a choferes de camiones que trasladan cargas peligrosas, tales como explosivos y combustibles.

La investigación está a cargo del fiscal de Ñuñoa Francisco Jacir, junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. La indagatoria tuvo su origen hace dos semanas, cuando la capitán Paula Mella -quien era la encargada del Semep- presentó una denuncia por diversos delitos en la 33 Comisaría de Ñuñoa.

Leiva acusó, entre otros hechos, el presunto otorgamiento irregular de certificaciones a conductores civiles por parte de la sección de la policía uniformada.

A esta denuncia se suman otras tres presentadas ante la Fiscalía de Nuñoa en marzo pasado, en las que se detalla que existían supuestos actos de cohecho vinculados a la obtención de estas licencias de conducir. Según fuentes vinculadas a la indagatoria, existiría un intermediario encargado de captar a las personas que buscan realizar un pago a cambio de estas credenciales. Este monto ascendería a una suma cercana a los $ 100 mil por documento.

Mella, además, denunció el delito de usurpación de funciones, eventualmente en los exámenes para la obtención de estos certificados, ya que debían ser realizados por médicos. Sin embargo, según la oficial, estaban siendo efectuados por personal administrativo.

A ello se suma el ilícito de supuesta falsificación de instrumento público, por la eventual suscripción de estas certificaciones a personas que no se han sometido a las competencias que examina la Semep.

El Ministerio Público también indaga un supuesto cuarto delito: obstrucción a la justicia. Esta es una de las situaciones más complejas que investigan Jacir y los detectives. Según la información que se ha recopilado, cuando Mella realizó la denuncia en la 33 Comisaría, adjuntó un dossier con una serie de antecedentes que respaldarían sus dichos. Sin embargo, esta documentación no llegó hasta las manos del fiscal Jacir, por lo que se indaga la supuesta pérdida de estos antecedentes.

Por ello, el 12 de abril el Ministerio Público junto a los detectives de la Bridec llegaron a la dependencias de la Semep, ubicada en Nuñoa, a incautar una serie de antecedentes. La institución hizo entrega voluntaria de un disco duro con una copia de toda su base de datos.

Consultado respecto a este caso, el fiscal Jacir dijo que "efectivamente se está llevando en este momento, desde hace aproximadamente dos semanas, una investigación por una denuncia que se recibió aquí en la fiscalía y estamos, en este momento, llevando a cabo diversas diligencias para la acreditación del hecho denunciado".

En tanto, desde Carabineros indicaron que la capitán Mella efectivamente denunció un delito de usurpación de funciones, por lo que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Sin embargo, desde la institución descartaron que la documentación que adjuntó la oficial se haya extraviado en la comisaría. En la actualidad, está en curso un sumario interno para aclarar los hechos denunciados.