Tras absolver de todos los cargos a los ocho gendarmes acusados por su responsabilidad en la muerte de 81 reos en el incendio de la Cárcel San Miguel, el ministerio público fue condenado al pago de las costas del juicio oral, que se extendió por cerca de nueve meses.
De acuerdo al Sexto Tribunal Oral en lo Penal, la Fiscalía Sur tendrá que cancelar los gastos en los que incurrieron tres de los acusados, por considerar que la investigación en su contra era infundada.
Se trata del centinela Francisco Riquelme, el teniente coronel Patricio Campos, y el asesor de la unidad, Jaime San Martín.
Tras la lectura de la sentencia absolutoria -que sólo duró cinco minutos- el fiscal Cristian Galdames no descartó presentar un recurso para anular el juicio oral, para lo que cuentan con un plazo de 10 días para estudiar el fallo.
"Vamos a seguir acompañando a las víctimas como lo hemos hecho desde el primer momento", dijo el persecutor.
Durante la audiencia donde se decretó la absolución de los ocho acusados, el tribunal hizo una dura crítica a la labor del ministerio público, cuestionando desde la acusación hasta la presentación de las pruebas en el juicio.
Ante ello, Galdames dijo que "una vez que estudiemos el fallo se podrán hacer todos los mea culpa que correspondan".
DEFENSOR: NO SE INVESTIGÓ A LOS VERDADEROS RESPONSABLES
El Defensor Penal Público, Juan Pablo Gómez, manifestó que la fiscalía Sur fue condenada al pago de costas por ser un "litigante temerario, que es aquel que pese a no tener antecedentes, igual persevera en una causa inconducente".
Según Gómez, "acá las condiciones de infraestructura, el hacinamiento, la alta carga de combustible eran las razones de por qué no pudieron ser rescatados, pero el ministerio público siguió adelante haciendo oídos sordos a las recomendaciones técnicas".
Además, el abogado cuestionó la falta de investigación a los "responsables de la muerte de los internos, si existía antecedentes de que los que originaron el incendio estaban vivos, ¿por qué ellos no fueron investigados?"
En cuanto a la posible presentación de un recurso de nulidad, Gómez se mostró confiado en que el fallo será ratificado, pues, "es muy difícil que una corte pueda revocar, considerando que fueron nueve meses de juicio, prolongados por el propio ministerio público".