Cerca de un centenar de testigos y peritos han pasado al estrado durante los seis meses de juicio oral en contra de ocho gendarmes, acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de 81 internos que fallecieron durante el incendio de la Cárcel San Miguel, el 8 de diciembre de 2010.
Hasta el momento, sólo se ha conocido la prueba presentada por la fiscalía metropolitana Sur –a excepción de un informe de la defensa-, en el juicio que comenzó el 22 de julio del año pasado.
El fiscal Víctor Núñez, aseguró que con la prueba rendida "hemos logrado establecer los puntos principales de la acusación que presentó la fiscalía".
Dentro de lo más importante, dijo Núñez, es que quedó establecida la "falta de capacitación adecuada por parte de los funcionarios que pretendieron reaccionar frente al incendio, eso les impidió hacerlo de buena manera, y en ese sentido se establece la responsabilidad de quienes tenían a cargo capacitar, que son el alcaide y el director regional, junto con el jefe de la unidad operativa de la Región Metropolitana".
Al contrario de la teoría de la defensa, Núñez asegura que la emergencia no se inició de manera espontánea ni silenciosa, sino que se vio precedida por una riña que se escuchó, y que pudieron detectar los funcionarios a cargo, quienes, a juicio de la fiscalía "fueron negligentes".
Los ocho imputados en esta causa son defendidos por abogados de la Defensoría Penal Pública.
Uno de ellos es Juan Pablo Gómez, quien asegura que parte de la responsabilidad en el siniestro es de dos de los cinco internos sobrevivientes que habrían iniciado el fuego.
"Testigos de la misma fiscalía dieron cuenta que los internos destruían los elementos de seguridad, por ejemplo las mangueras contra incendios las cortaban y hacían artesanías. Testigo relatan que internos el día de los hechos cruzaron un camarote justo en la puerta de entrada y lo encendieron, además en la misma reja pusieron amarras con la intensión de retardar la acción de gendarmería, lo que terminó siendo un trampa mortal para ellos mismos", dijo Gómez.
Versión que para el fiscal "no está tan acreditada", no obstante aquello, "la obligación de quienes están a cargo del penal es anticiparse, detectar y si ocurre, reaccionar de manera adecuada", manifestó Núñez.
Pero para la defensa, "quedó acreditado que la intensidad del fuego y el rápido accionar del fuego generó que el candado de la puerta no pudiera ser abierto…el aviso de los centinelas fue oportuno porque fue antes de que el humo fuera advertido por las cámaras de seguridad".
Otro factor que incidió en el siniestro, dijo Gómez, es la condición de hacinamiento en el penal, pues "en una celda para 17 a 20 personas habían 70, y eso conlleva a una mayor carga de combustible, frazadas, colchones, ropa".
"Gendarmería administra pobreza franciscana", aseguró el defensor, quien destacó que "no habían recursos suficientes ni para alimentar a la población penal. Eso mismo se veía reflejado en las capacitaciones contra incendio de los funcionarios, los recursos sólo daban para capacitar a unos pocos".
Se espera que la prueba de la fiscalía se prolongue por cerca de dos semanas, para luego dar paso a la presentación de los abogados querellantes, y luego a la defensa de los ocho acusados.
