Tres meses fue la meta fijada por el gobierno para implementar una serie de medidas que permitan mejorar la situación carcelaria en el país, iniciativas que si bien no solucionarán de raíz la problemática del hacinamiento, buscan mejorar la realidad de los cerca de 53 mil reos que existen en Chile.
Fue el propio ministro de Justicia, Felipe Bulnes quien, el martes pasado aseguró que existe un 70% de hacinamiento en los recintos penales. Informes judiciales realizados por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, durante 2009 y 2010, detallaron la cruda realidad al interior de las cárceles y establecieron que los centros penitenciarios más hacinados son: Buin, Quillota, Lebu y Antofagasta.
Según estos análisis, el Centro Penitenciario de Buin, construido para albergar a 70 reclusos, cuenta actualmente con 493 internos, lo que determina una sobrepoblación penal de 604%. Una realidad similar se constató en el Centro de Detención Preventiva de Lebu, cárcel creada para 50 reos. Hoy cuenta con 203 presos, generando un hacinamiento en torno al 306%. En Quillota, en tanto, la sobrepoblación alcanza el 193%.
Las cifras también expresan la realidad en la cárcel con mayor población penal del país: la ex Penitenciaría de Santiago. Con una capacidad real de 3.170 presos, hoy es habitada por 6.690 mil reclusos lo que se traduce en un hacinamiento del 111%.
El compromiso del gobierno es plantear medidas a corto plazo: garantizar la asistencia de salud de los internos para situaciones de emergencia, mejorar el régimen de alimentación, regular el sistema de encierro y que cada recluso cuente con una litera y una cama.
Este último punto fue cuestionado por el presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, Cristian Alveal, quien calificó el anuncio como una "buena intención", pero imposible de materializar por falta de infraestructura.
"Es inviable, no puedes meter hoy día 53 mil literas en las cárceles de Chile. Hay un 70 % de hacinamiento, en promedio, por lo que yo debo asumir que no hay espacio físico en la cárceles del país", dijo Alveal.
El dirigente planteó que si se hace entrega de una litera para cada recluso, "los internos las utilizarían para hacer estoques".
Tras el terremoto del 27 de febrero pasado, 14 penales del país quedaron inhabitables, lo que motivó el traslado de internos a otras cárceles, acentuando los problemas de hacinamiento.
Alveal, además, manifestó sus reparos a que como forma de concretar la iniciativa las autoridades opten por utilizar talleres y gimnasios de las cárceles para ubicar las literas, lo que generaría inconvenientes en las herramientas de reinserción y rehabilitación de los reos.
