El diputado de Renovación Nacional (RN), Alberto Cardemil, criticó duramente la actitud de los diputados de la Concertación que votaron en contra del proyecto que busca penalizar con 3 años de cárcel a quienes provoquen desmanes con sus rostros cubiertos y presume responsables de las manifestaciones a quienes hagan hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse.

Pese al rechazo de la Concertación, el proyecto fue aprobado por 49 votos a favor y 29 en contra, lo que fue valorado por Cardemil. "Me alegro mucho, por la seguridad pública y ciudadana que se haya aprobado este proyecto. Este es un compromiso que el gobierno tardó mucho en concretar", señaló.

"El voto en contra de los socialistas es votar a favor de la impunidad", aseguró el parlamentario, junto con agregar que "votan en contra de su propio gobierno y es la razón del por qué pierden la batalla en contra de la delincuencia: porque no hay conciencia de que hay que proteger a las víctimas y no a los delincuentes".

Cardemil aseguró que "en el gobierno de Piñera ésta será una herramienta fundamental para mantener el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos comunes que desean vivir en armonía en nuestro país".

Según explicó el diputado, "todos hemos visto cómo encapuchados se infiltran en manifestaciones causando daños a las personas y a la propiedad; y por otra parte es fundamental que quienes convocan a una manifestación pública se hagan responsables de ellas cumpliendo las normas establecidas, de lo contrario y si resultan daños, es lógico que ellos respondan".

Para el aliancista "este proyecto protege la calidad de vida y el orden público del país. Esto en el distrito que yo represento resulta tremendamente importante, puesto que ahí se hacen la mayoría de las manifestaciones y todos hemos sufrido su vandalismo posterior, con daños a la propiedad pública y a las personas".

El texto modifica el Código Penal para indicar que quien cometa un delito con el rostro cubierto, será castigado con una pena de reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años) y una multa de 4 a 8 UTM ( $146 mil 580 a $293 mil 160).

El proyecto hace solidariamente responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público, de los daños que los participantes causen, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.

La iniciativa agrega que los participantes en reuniones o manifestaciones públicas que causen daños a la propiedad pública o privada, deberán responder civil y penalmente de ellos. En los casos que los daños sean causados por menores de edad, sus representantes legales deberán responder civilmente.