Carlos Peña: "Los alumnos con gratuidad recibirán una falsa promesa"

"Si alguien me dice que esta es una reforma innovadora y genuina, dudaría de su sensatez. No hay ninguna reforma universitaria genuina en este proyecto. Hay un esfuerzo por dejar incólume el sistema que ya existe, solo que sobreponiéndole una arquitectura institucional un poco más rigurosa". Esa fue la dura crítica del rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, al referirse a la iniciativa que busca cambiar la educación superior y que hoy comenzará a ser votada en particular en la Comisión de Educación de la Cámara.

La máxima autoridad de la UDP aseguró que el proyecto - que lleva 10 meses en el Congreso y recientemente fue modificado por completo por el gobierno- tiene tres errores graves. En ese sentido, además de que la reforma mantiene el statu quo y no modifica la configuración del Consejo de Rectores (Cruch), Peña señala que un segundo error es que no termina con la segregación. "Si se aprueba este proyecto, los más ricos, en razón de su origen, van a seguir concentrándose en algunas universidades, mientras que los más pobres van a seguir en planteles de menor calidad. La segregación tan temida va a seguir allí sin que nada se haya reformulado".

Además, el rector señala que "los planteles que adhieren a la gratuidad están siendo maltratados desde el punto de vista del financiamiento, no van a mejorar su calidad, van a empeorar. Entonces, en las peores instituciones se van a concentrar los alumnos con gratuidad y van a recibir una falsa promesa de ascenso social". Cabe destacar que la autoridad puso en duda la continuidad de la UDP en la gratuidad, de no cambiar el modelo de financiamiento.

Peña añadió que un tercer error de la reforma es que "no hace que las universidades converjan hacia una finalidad pública genuina y parece alentárselas para que se concentren en los deciles de más altos ingresos".

El rector de la UDP, junto con su par de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, presentaron indicaciones a la reforma a la educación superior, las que se centran en cómo ampliar el Cruch. Esto, pese a que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que en esta ley no se abordará el tema.

El documento entregado por ambas autoridades señala que para ampliar el consejo se debe exigir "una antigüedad mínima, contada desde la fecha de su establecimiento, de 15 años".

Además, pedirán que los planteles cuenten con un promedio de puntaje de sus alumnos de 500 puntos en las pruebas estandarizadas, con acreditación institucional de 5 años en las áreas obligatorias (docencia de pregrado y gestión), tener tres programas de doctorado certificados, contar con participación deliberativa de estudiantes y académicos y adscribir a la gratuidad los dos años anteriores a la solicitud. Las propuesta serán acogidas por Chile Vamos, a excepción del punto de la gratuidad. Además, se sumarán a otras indicaciones que serán presentadas por la Nueva Mayoría.

"La reforma deja incólume al Cruch, que es, de toda la arquitectura del sistema, el organismo que ha recibido las mayores críticas y reunido la mayor cantidad de esfuerzos por reformularlo", dijo Peña.

El vicepresidente alterno del Cruch, Sergio Lavanchy, dijo que "la idea de la indicación sustitutiva era simplificar la discusión para destrabar el proyecto; si se le agrega otro elemento, esto se podría dilatar aún más".

Sin embargo, el rector de la U. de Concepción añadió que podría integrarse una indicación transitoria, como la que se hizo con el CAE, "en la que haya un compromiso que diga que en un plazo determinado se abordará el tema. Eso podría ser un camino adecuado".

Carlos Williamson, investigador de Clapes UC remarcó la importancia de tener un consejo que pueda "articular intereses en un sistema diverso, con miradas distintas, pero todos convergentes en calidad, diversidad, inclusión y autonomía. Me parece que la única exigencia para integrar el consejo debiera ser que tengan una visión universitaria de lo público".