El Perú es una buena prueba de que el progreso, esa noción que inauguró la era moderna a partir del siglo XVIII en política (en las ciencias lo había hecho un siglo antes), no es rectilíneo ni está predeterminado. Porque si un país latinoamericano parecía, en las últimas dos décadas, haber despegado de forma definitiva y haberse constituido en modelo para la región, ese era el Perú, pero de un tiempo a esta parte ha dado un paso lateral o quizá sea mejor decir un paso atrás.

Cualquiera que eche un vistazo a lo que allí sucede concluirá que su clase política está entre las más devaluadas de América Latina: todo en ella parece una astracanada, una representación lúdica hecha para entretener a la galería. No habita en ella, con honrosas excepciones, un sentido de lo que importa ni una capacidad para confinar sus enconos dentro de límites razonables y consolidar los avances notables que el país había realizado en términos políticos y económicos.

El Presidente Kuczynski cumple un año de gobierno y parece que cumpliera 10 o 15 por el esfuerzo desgastante que él y su gabinete ministerial deben hacer cada día para sobrevivir al ambiente asfixiante en el que tienen que maniobrar. El gobierno recibe, con aire de desconcierto, un embate cotidiano de los partidos políticos, la prensa, ciertas instituciones de la sociedad civil y hasta organismos estatales en los que sus adversarios han colado "topos" como si se tratara de un gobernante ilegítimo o de un enemigo del Perú.

El resultado de todo esto es el agravamiento del clima en el que se desarrolla la vida política, institucional y, en parte, económica. Ese clima ya estaba afeado por cuatro factores antes de intensificarse el asedio reciente contra el debilitado gobierno.

Un factor era la parte baja del ciclo de las materias primas, que afecta a buena parte de América Latina, pero especialmente a países como el Perú, cuya dependencia es desproporcionadamente alta (como otros países dependientes de materias primas, muchas industrias no necesariamente vinculadas a ellas se ven menguadas por la reducción del dinamismo que supone atravesar la parte baja del ciclo).

El segundo factor es el entrampamiento que tiene paralizados proyectos de inversión, muchos de ellos vinculados a la infraestructura, por cerca de 20 mil millones de dólares. Ese entrampamiento viene de la ineptitud burocrática, la judicialización de la vida política, el caos que es la descentralización inaugurada a inicios del nuevo milenio y la inseguridad jurídica por los constantes vaivenes normativos de las últimas administraciones.

Un tercer factor que de por sí complicaba las cosas era la naturaleza, que se ensañó hace unos meses, mediante el fenómeno bautizado "Niño costero", con algunas regiones del Perú pero muy particularmente con la costa norte, una de las zonas de mayor empuje empresarial de los nuevos tiempos.

Por último, el caso "Odebrecht", que afecta a varios gobiernos anteriores y sólo tangencialmente a este, había dado recientemente pie a una incertidumbre que en nada ayudaba a reconstruir la confianza necesaria para que los "espíritus animales" se pusieran en marcha. La caza del jabalí, antes que la búsqueda de la verdad y la justicia, es lo que ha prevalecido a raíz de las revelaciones de la corrupción peruana vinculada a las empresas brasileñas.

Este era el contexto en el venía operando Kuczynski, con paciencia y buen humor, durante meses. Pero a todos los factores mencionados hay que sumarles, desde hace algunas semanas, con pequeños respiros tácticos que nada cambian hasta ahora, la campaña destructiva que ha llevado a cabo el fujimorismo, la fuerza que controla el Congreso y que tiene a varios de los principales medios de comunicación muy cerca, para hacer fracasar al nuevo gobierno. Desde que la alianza entre los seguidores del dictador Odría y el Apra frustró el primer gobierno de Fernando Belaunde en los años 60 (y propició en cierta forma el golpe del general Velasco), no se veía algo igual. Tumbar ministros, revertir medidas ejecutivas, coludirse con personajes de la Contraloría empeñados en paralizar proyectos, convalidar escuchas ilegales sin ninguna importancia real, amenazar a los adversarios, devaluar el lenguaje político y hacer un populismo de derechas camuflado bajo sofismas morales parece ser lo primordial para la oposición fujimorista y sus aliados, el Apra y una parte de Acción Popular, el antiguo partido de Fernando Belaunde.

La razón es fácil de entender. El fujimorismo estaba a las puertas del poder el año pasado cuando su candidata obtuvo alrededor de 40% de los votos en la primera vuelta y el actual Presidente apenas la mitad de ese respaldo. Durante la campaña de la segunda vuelta, sin embargo, como tantas veces en las últimas dos décadas, las fuerzas democráticas, que cubren un espectro que va de la izquierda a la centroderecha, se movilizaron para cerrarle el paso con éxito y otorgar el triunfo a Kuczynski. El fujimorismo colaboró intensamente con sus adversarios, hay que decirlo, por tener en puestos prominentes a un personaje investigado por la DEA por lavado de dinero y a un sujeto sin escrúpulos que manipuló audios para tratar de torcer el testimonio de un testigo de la DEA en coordinación con un programa de televisión nostálgico de los años de Vladimiro Montesinos.

La composición del nuevo Congreso, sin embargo, refleja el resultado de la primera vuelta, no de la segunda, pero de un modo desproporcionado, por obra del sistema electoral imperante. Así, los herederos y seguidores del ex dictador obtuvieron 73 de 120 escaños, es decir tres cuartas partes del Congreso. Aunque han perdido dos parlamentarios por el camino, hay que sumarle a esa bancada el voto de los apristas y, sorprendentemente, de una parte de Acción Popular, que tampoco perdona a Kuczynski haberlo desplazado de la segunda vuelta.

La representación parlamentaria de Kuczynski, para colmo, suma apenas la sexta parte del Congreso, carece de un liderazgo claro y hay en ella algunos náufragos de otras aventuras políticas que restan bastante más de lo que suman.

La composición del nuevo Congreso, sin embargo, refleja el resultado de la primera vuelta, no de la segunda, pero de un modo desproporcionado, por obra del sistema electoral imperante. Así, los herederos y seguidores del ex dictador obtuvieron 73 de 120 escaños, es decir tres cuartas partes del Congreso.

El gabinete de Kuczynski, compuesto por técnicos del mejor nivel en gran parte, se ha visto impotente para impedir que el Congreso se lleve de encuentro a varios de sus ministros a pesar de contar con armas legales y constitucionales contundentes para asegurar la gobernabilidad. Una de ellas es la posibilidad de plantear una cuestión de confianza ante la posibilidad de que un ministro sea censurado, haciéndola extensiva a todo el gabinete. Si la oposición les negara la confianza a dos gabinetes seguidos, el Presidente podría disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias.

Esta opción era un clamor entre las fuerzas democráticas responsables de haber impedido el regreso del fujimorismo al poder en las últimas dos décadas cuando la oposición tumbó al ministro de Educación, que venía del gobierno de Ollanta Humala y gozaba de un sólido prestigio. El Presidente hubiera recibido el apoyo masivo de una ciudadanía indignada con la labor vengativa del fujimorismo, además de que el aura de triunfo da siempre a un Presidente recientemente electo una ventaja en las urnas. Pero para evitar confrontaciones e inestabilidad, Kuczynski prefirió sacrificar a su ministro. El resultado fue que el fujimorismo le ganó la moral al Poder Ejecutivo y ha acabado con varios ministros más desde entonces, le ha bloqueado o frustrado distintas iniciativas y le ha impuesto a figuras de debatibles credenciales democráticas en instancias estatales desde donde se dedican a hacer política menuda en lugar de ocuparse de sus funciones.

Viendo la debilidad del Presidente, un sector del fujimorismo ha vuelto a la carga para tratar de forzar a Kuczynski a indultar al ex dictador Alberto Fujimori, preso (en unas instalaciones cómodas en comparación con las cárceles comunes) por graves violaciones de los derechos humanos, secuestro agravado y corrupción.

El rol de la prensa supérstite de la década negra de los años 90 ha sido especialmente nefasto, sirviendo de caja de resonancia al fujimorismo en lugar de tratar de frenar esta campaña lesiva para el país y abonar en favor de un mejor clima institucional y económico. Con pocas excepciones y a veces con hipocresía, muchos medios o periodistas que estuvieron cerca del fujimorismo tratan a Kuczynski como si fuera Belcebú a pesar de que tienen coincidencias con él en materia de orientación económica.

El impacto de este clima enrarecido ha dañado la economía, que este año no crecerá mucho más de 2%. La inversión privada, que está en caída desde 2014, ahora se ha estabilizado, pero eso sólo significa que este año crecerá en el mejor de los casos 0,5%. Ciertos sectores vitales para la demanda interna, como la construcción, están ya en recesión.

Para reanimar al capital privado, Kuczynski ha intentado sacar adelante alguno de los proyectos emblemáticos que requieren concesiones del Estado al sector privado o distintas modalidades de colaboración, como asociaciones público-privadas. Todos los intentos se han visto frustrados por el sabotaje de la oposición, al que la impericia política de un gobierno de técnicos que carece de grandes reflejos defensivos no ayuda precisamente a obtener victorias en ningún frente.

Naturalmente, viendo la debilidad del Presidente, un sector del fujimorismo ha vuelto a la carga para tratar de forzar a Kuczynski a indultar al ex dictador Alberto Fujimori, preso (en unas instalaciones cómodas en comparación con las cárceles comunes) por graves violaciones de los derechos humanos, secuestro agravado y corrupción. Otro sector del fujimorismo, vinculado a la hija de Fujimori que fue candidata presidencial, prefiere que el ex gobernante no salga por ahora de la cárcel porque teme que le arrebate el partido y en las próximas elecciones construya una lista parlamentaria con sus favoritos. El hermano de la ex candidata, también congresista, junto con una parte minoritaria de la bancada fujimorista, tiene en cambio como prioridad absoluta sacar al padre de la cárcel, a diferencia de la hija, cuyo propósito inmediato es destruir a Kuczynski y llegar al poder.

Esta división, que la prensa peruana exagera más de la cuenta, añade leña a fuego, enviando a los agentes económicos señales de caos, imprevisibilidad y confrontación disuasorias para la inversión. Como si no hubiera ya bastante incertidumbre en el hecho de que varios ex presidentes están en problemas (Alejandro Toledo está prófugo y el gobierno intenta extraditarlo, Ollanta Humala y su mujer están en la cárcel mientras se los investiga, aunque podrían salir en libertad muy pronto, y Alan García no parece enteramente libre de riesgos), el presidiario Fujimori sigue enrareciendo la política peruana. Kuczynski gana algo de tiempo, mientras tanto, entregando a un grupo de médicos la responsabilidad de evaluar la salud de Fujimori antes de tomar una decisión sobre el indulto, que jurídicamente resulta harto dificultoso.

La política peruana se empeña en seguir impidiendo la consolidación de las instituciones y de dar a la vida económica y social un marco estable y previsible. A pesar de los mejores esfuerzos de Kuczynski.