El lunes pasado, el 30 Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar $ 1.000 millones a la esposa e hijos de Joaquín Arnolds, una de las 21 víctimas del accidente aéreo ocurrido en septiembre de 2011 en el archipiélago de Juan Fernández.
El tribunal estableció que "la responsabilidad que concierne a la tripulación no se agota en ella, sino trasciende y hace extensiva tanto al mando institucional de la Fuerza Aérea de Chile y a su función gestora y fiscalizadora". Ello, "por no haber supervisado con la misma minuciosidad la planificación del viaje".
Según registros del sistema del Poder Judicial, este es el primer fallo de un total de 16 demandas presentadas en los tribunales civiles contra el Fisco por los familiares de los fallecidos que dejó la tragedia del Casa 212.
Así, hoy a lo menos son 15 las acciones judiciales que continúan en tramitación y todas ellas están radicadas en el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso. Esto, porque en diciembre del año pasado fueron acumuladas en un solo expediente en ese tribunal. En al menos 13 de ellas se pide en total indemnizaciones cercanas a los $ 26 mil millones.
Uno de los montos más altos lo solicitaron los familiares de Sebastián Correa, marido de Catalina Vela. Ambas víctimas eran parte de equipo de Desafío Levantemos Chile.
De acuerdo a la acción legal, se requirió que se condene "a pagar 38.964 UF por concepto de lucro cesante a favor de los hijos de Sebastián Correa (3)" y "por daño emergente a pagar la indemnización de 42.954 UF a los padres de Sebastián Correa". Además, por concepto de daño moral, se requirió 20.000 UF más para sus padres, 30.000 UF para cada uno de sus tres hijos y 15.000 UF para cada hermano. Lo que en total suma una solicitud de perjuicio de 226.000 UF, que equivale a $ 6.106.950.062.
La familia del conductor de televisión Felipe Camiroaga, en tanto, pidió una indemnización total de $ 960 millones. De ellos, $ 320 millones para su padre y $ 320 millones más para cada uno de sus hermanos. "Si bien el enorme dolor que sufrimos jamás podrá ser reparado con una compensación económica, esperamos que el Estado reconozca que fueron sus graves errores y omisiones las que causaron el accidente, para que una tragedia tan triste como esta jamás vuelva a ocurrir", se indica en el escrito.
Otras de las familias que demandó al Estado fue la del periodista Roberto Bruce, quienes en total solicitaron $ 2.634.988.665 por el perjuicio generado.
Según el texto, de ese total, la esposa y las dos hijas pidieron que se les pague $ 1.084.988.665, "repartidos entre ellas en partes iguales, a título de indemnización de perjuicios por lucro cesante" y $ 1.500.000.000 por daño moral. "En cuanto a la determinación del monto de estos perjuicios, habrá que tener en consideración el inmenso dolor causado por la muerte de Roberto Bruce y el vacío que dejó en su núcleo familiar, así como la gravedad de las negligencias que la causaron, entre otras circunstancias", indica.
Por su parte, la familia de la teniente Carolina Fernández pidió una indemnización de $ 1.600 millones, los que deberán ser repartidos entre sus padres y dos hermanos. Al respecto, el abogado de los demandantes, Maximiliano Delgado, dijo que "estamos enfocados primero la responsabilidad penal, donde estamos trabajando y esperando que se resuelva la competencia de la investigación. En lo civil, lo que se busca es reparar el mal causado. Hay una pérdida irreparable, como la vidas de estas 21 personas, que genera un gran dolor, y ese dolor, debe ser compensado". Añadió que "el dinero no es lo más importante, sino que hay que demostrar que hay responsabilidades civiles".
