La casa real española defendió hoy que el rey Juan Carlos tendría que obtener el privilegio de responder ante un alto tribunal y no ante un tribunal ordinario si tuviera alguna vez que responder ante la Justicia una vez traspase la Corona dentro de dos semanas a su hijo Felipe.

"Lo razonable sería aforar al rey" cuando deje de serlo, manifestó un portavoz oficial.

La protección legal de Juan Carlos I, de 76 años, está dando mucho que hablar en España desde que el lunes anunció su abdicación.

Como rey, durante sus 39 años de reinado ha gozado de inviolabilidad porque así lo establece la Constitución. Es decir, no podía ser investigado ni imputado por ningún tribunal. 

Al dejar el trono, perderá ese blindaje, aunque sin carácter retroactivo, y tendrá que responder como cualquier otro ciudadano ante la Justicia. El aforamiento supondría que lo haría ante un tribunal superior y no ante un tribunal ordinario. 

Del aforamiento gozan en España los altos cargos institucionales -entre ellos el presidente del gobierno y los ministros- y los parlamentarios nacionales y regionales, entre otros. Son en total unas 10.000 personas. 

Hasta ahora ninguno de los miembros de la familia real gozaba de ese privilegio y el gobierno de Mariano Rajoy inició hace poco una reforma para aforar a la reina Sofía y a los príncipes Felipe y Letizia, que no gozan de inviolabilidad.

Con la abdicación de Juan Carlos, el Ejecutivo tiene que abordar ahora la cuestión y ver si afora al rey.

Sería de "sentido común, para evitar disparates", señaló el portavoz de la casa real, que subrayó que la medida no supone dar inmunidad legal a Juan Carlos, sino garantizar que sería el Tribunal Supremo el que lo juzgara si cometiera algún delito a partir del momento en el que deje la Corona.