Según cifras de la Subsecretaría del Interior, 23.928 ciberdelitos reportaron las policías durante el primer semestre de este año. Entre estos se encuentran 517 delitos informáticos, asociados a la Ley 19.223, relacionados con espionaje y sabotaje, y 23.411 vinculados a uso indebido de tarjetas de crédito y débito, categoría en las que se inscriben las clonaciones.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, explica que como no están definidos todos los tipos penales para abordar la ciberdelincuencia, las estadísticas están acotadas a los sabotajes informáticos y al espionaje informático, definidos en la actual ley. "El resto de los casos caen en las estadísticas de estafas, fraudes u otros delitos de acción privada, como las injurias y calumnias", señala.
Aunque no se trata estrictamente de un ciberdelito, la clonación y uso indebido de tarjetas de crédito requiere de elementos tecnológicos y por eso el gobierno los incorpora dentro de este ámbito y las estadísticas.
"Las cifras de fraudes de tarjetas suman 23 mil casos en el primer semestre, respecto de un parque de 37 millones de tarjetas emitidas", dice Aleuy sobre el balance del primer semestre.
Agrega que gracias a las medidas de seguridad, el autocuidado de las personas y campañas informativas que han impulsado, han registrado una baja de 10% en la tasa de delitos respecto de igual periodo de 2016.
"Seguiremos impulsando campañas preventivas, articularemos un trabajo con la banca y el comercio para fortalecer la seguridad electrónica", indica Aleuy.
El cibercrimen le cuesta al mundo cada año el 0,5% del PIB global, es decir, US$ 575.000 millones. En América Latina, corresponde a US$ 90 mil millones, afirma el gobierno.
"El cibercrimen plantea desafíos importantes, no sólo por afectar patrimonialmente a personas que son víctimas de actos ilícitos, sino también porque lesiona la intimidad de las personas y puede afectar el desarrollo normal de servicios esenciales para el país. Por ejemplo, en el Reino Unido, el ransomware Wannacry afectó hospitales, dificultando la atención de urgencia o el acceso a información sobre el historial clínico de pacientes", dice Aleuy.
Rol de la fiscalía
Para la Fiscalía Nacional, el tema de los ciberdelitos se ha disparado exponencialmente los últimos años. "Tanto los delitos informáticos propiamente tales, como otros que también son competencia de los fiscales especializados del cibercrimen, como el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, que también han sufrido un alza acentuada respecto de años anteriores", dice Antonio Segovia, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional.
En 2010, al organismo ingresaron 6.038 delitos relacionados a la Ley 19.233 y uso indebido de tarjetas, cifra que subió a 58.547 en 2016.
Segovia señala que el combate a estos crímenes se intensificará tras la entrada en vigencia del convenio de Budapest el pasado 1 de agosto, día en que oficialmente la Fiscalía Nacional fue designada como punto de contacto de la Red 24/7 de la convención para responder a los requerimientos de los otros 53 países miembros.
"La red 24/7 impone al país tener un punto de contacto las 24 horas del día, los siete días de la semana, para que esté disponible para resolver requerimientos urgentes. Por ejemplo, incautar rápidamente un servidor desde donde se están enviando correos electrónicos que son evidencia importante para un delito y se pueden perder", indica.
Hasta ahora no han recibido solicitudes de información, pero Chile sí prepara requerimientos para obtener la preservación de información, el primer paso para luego acceder a ella y traerla como evidencia en el país, explica Segovia.
