Cada vez que una mujer llegue a un servicio de urgencia público por violencia intrafamiliar, el médico tratante deberá levantar una ficha clínica a través de un sistema informático y notificar el caso de la paciente a la Seremi de Salud correspondiente. Días después, el establecimiento de salud citará a la mujer a una "evaluación integral" y le planificará una serie de actividades, exámenes y consultas acorde a la gravedad de sus lesiones.
Así funciona el protocolo de atención del plan piloto que, desde el año pasado, trabaja el Ministerio de Salud (Minsal) para monitorear la ocurrencia de los femicidios a nivel país.
Se trata de un sistema de "vigilancia epidemiológica" que busca detectar los lugares donde se originan los "brotes", derivar a los pacientes a centros de apoyo intersectoriales, y registrar los casos de ataques de género, como los que denunció hace dos semanas Valentina Henríquez a manos de su ex pareja, el vocalista del grupo Los Tetas, Camilo Castaldi, conocido como "Tea Time".
Según los datos del Minsal, cada año cerca de 24 mil mujeres asisten a centros de salud por motivos de agresiones, ya sea al interior del hogar o por asaltos. De ese grupo, el año pasado casi nueve mil confesaron que fueron agredidas por alguien de su entorno familiar, mientras que al menos cinco mil dijeron que el agresor fue su actual o anterior pareja.
El reporte también arrojó que 77 embarazadas acusaron ataques de género y que el grupo etario que más casos de violencia registró fue el de mujeres entre 25 y 34 años: 2.699 dijeron haber sido golpeadas por algún cercano.
Los datos del Minsal también desglosan los tipos de lesiones que constataron los médicos. Así, resaltaron 9.753 por contusiones, 1.778 traumáticas, 76 odontológicas y 141 provocadas por armas.
Ante este escenario, la cartera elaboró un sistema que emula el monitoreo que se hace a las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, como la influenza, la hepatitis y la tuberculosis.
Es decir, el médico deberá crear una ficha clínica donde se detalle el lugar de procedencia del paciente, el diagnóstico y su gravedad. Luego deberá enviar el documento a la autoridad sanitaria, de manera de mejorar las coordinaciones con los centros de apoyo para las víctimas que emplea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y en los casos más graves, proporcionar información a los patrullajes de Carabineros.
Para el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, este modelo se diferencia de los actuales mecanismos de ayuda para las agredidas, pues la mayoría de estos necesitan la denuncia de la víctima para aplicar la derivación. "Lo que pensamos fue en aplicar un modelo más sanitario al problema, en el sentido de identificar a las mujeres víctimas de violencia y poderles hacer un seguimiento desde el punto de vista de salud", dijo la autoridad.
Apuntó que se pretende crear un mapa de los "lugares endémicos" donde se origina el femicidio. Uno de los sectores que está en observación es Alto Hospicio, Región de Tarapacá, precisamente el sector donde hace 16 años actuó Julio Pérez Silva, quien asesinó y violó a catorce mujeres, muchas de ellas adolescentes. "Allí se generan condiciones, porque hay mayor marginalidad, más violencia y efectivamente más brotes de femicidio", agregó Burrows.
Sistema informático
Carolina Asela, jefa del programa Ciclo Vital del Minsal, explicó que el mecanismo busca "identificar las características de las mujeres que consultan en los establecimientos de salud en relación a violencia de género. La idea es pesquisarlas antes de que empiecen los efectos más graves".
El principal adelanto de este modelo piloto, dijo, es la elaboración de un sistema informático de registro de las fichas clínicas y añadió que la vigilancia busca fijar una "ruta de ofertas de actividades para las mujeres que sufren violencia de género". Es así como la paciente podrá ser derivada a uno de los 103 Centros de la Mujer o a las Casas de Acogida a nivel nacional, dependiendo del diagnóstico.
Aseguró también que el sistema tendrá un dispositivo de alertas de inasistencias, a cargo del gestor de casos de la Seremi. "Se hará un seguimiento para ver si efectivamente la mujer está asistiendo a esas actividades. En caso de que no suceda esto, el equipo médico realizará una visita domiciliaria para consultar", aclaró.
Si bien el circuito de alertas está aún en planificación, se contempla notificar a las policías cuando una mujer no se encuentre en su domicilio en reiteradas ocasiones. Eso sí, Asela sostuvo que el enfoque de esta vigilancia es sanitario, por eso las visitas buscarán, principalmente, reinsertar a la mujer en los programas de acogida.
Insumo judicial
Asela declaró que estos datos, al ser información proveniente de organismos públicos, "debería estar disponible" como un insumo judicial para los tribunales, en casos de formalizaciones o juicios por violencia intrafamiliar.
Claudia Dides, directora ejecutiva de la agrupación Miles, aprobó la iniciativa de Salud, pero advirtió que "como toda ficha clínica tiene que ser tratada con confidencialidad, sobre todo en los tribunales. Puede ser una buena política, en la medida que esté coordinada con otros organismos".
Apuntó que el desafío que resta por resolver es la dependencia económicamente de la víctima con el agresor. "No existe política pública que lo haya resuelto. Ese es el gran problema de la mujer que está en el círculo de violencia: salir de la casa y encontrar trabajo", dijo.