La Corte Suprema determinó que el Estado indemnice a 27 reclutas sobrevivientes de la tragedia de Antuco, en la cordillera de Los Andes, donde murieron 44 soldados y un sargento. 

La decisión fue adoptada por el máximo tribunal en un fallo unánime, que confirmó una determinación similar cursada anteriormente por el Primer Juzgado Civil de Concepción y la Corte de Concepción, que determinó pagar en total cerca de 280 millones de pesos a estos 27 exuniformados y rechazando un recurso de casación del Consejo de Defensa del Estado. 

La Corte Suprema ratificó el falló de la jueza Margarita Sanhueza Nuñez, el que indicaba, en una de sus partes, que los soldados "experimentaron daño moral, no sólo la juventud de los conscriptos juega para llegar a esa conclusión, que acompaña su inexperiencia, sino igualmente su falta de experticia en asuntos de montaña".

Los antecedentes fueron ratificados por el abogado Guillermo Claverie, que asesoró judicialmente al grupo de jóvenes, el cual interpuso la demanda a mediados del año 2007.

Claverie dijo a los periodistas que con esta resolución "se hace un poco de justicia para estos exreclutas que se salvaron de morir en la montaña". 

El profesional recordó que en este caso aún se tramitan otras demandas indemnizatorias presentadas por otros exsoldados que se salvaron de la tragedia de Antuco que todavía no son resueltas por los tribunales.

El 18 de mayo de 2005, el ex mayor del Ejército Patricio Cereceda ordenó una marcha entre dos refugios de la cordillera de Los Andes, en el volcán Antuco, unos 580 kilómetros al sur de Santiago, en medio de adversas condiciones climáticas que habían sido advertidas por el servicio meteorológico.

Los cerca de 200 reclutas que iniciaron la marcha sin la vestimenta adecuada para el frío se encontraron con el llamado viento blanco, perdieron la orientación y 44 de ellos más un sargento, murieron congelados, en una de las peores tragedias que ha sufrido el Ejército chileno.

Cereceda, que en 2006 fue condenado a cinco años un día por el homicidio de las 45 personas, obtuvo la libertad condicional el 30 de agosto del 2011, lo que provocó la fuerte molestia entre los familiares de las víctimas.