A partir de las 9:30 horas el 9° Juzgado de Garantía inició la audiencia de formalización del ex alcalde de Nuñoa, Pedro Sabat y el actual edil de Colina, Mario Olavarría, en el marco del caso Basura, que investiga presuntos hechos de corrupción en diversas comunas en la licitación de la basura.
Durante la audiencia, el magistrado decidió postergar hasta el 5 de diciembre la imputación de cargos a Sabat, luego de que la defensa del ex edil solicitara más tiempo para conocer la carpeta investigativa que incluye una querella del CDE. De esta manera, en el marco de la investigación que encabeza el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez, en dos semanas más Sabat será formalizado por presuntos delitos de fraude al fisco cometidos durante su administración.
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Por otro lado, el tribunal otorgó 40 días más de plazo al Ministerio Público para realizar las indagatorias que ya se extienden por más de un año.
En tanto, durante esta jornada también se formalizará a Olavarría por eventual delito de fraude al fisco. Según los antecedentes de la fiscalía dos funcionarios públicos que trabajaban en Colina -Marcela Morales y César Vidal- emitieron boletas de honorarios al municipio por servicios que nunca prestaron, siendo el alcalde el que habría dado el visto bueno para que ambos se desempeñarán ahí.
En la audiencia también se le imputarán cargos a los alcaldes salientes de Cerro Navia, Luis Plaza, y de Maipú, Christian Vittori -quienes se encuentran con arriago nacional y firma semanal-, junto con un grupo de funcionarios de las municipalidades.
El denominado caso Basura tuvo sus orígenes en 2011, cuando la empresa Proactiva presentó una querella por cohecho y soborno, tras perder, en la municipalidad de Maipú, la licitación de rellenos sanitarios para los deshechos, que luego fue adjudicada a la firma KDM. El único imputado que se encuentra en prisión preventiva es el concejal de Maipú Marcelo Torres Ferrari (RN), quien está en el anexo penitenciario Capitán Yáber luego de ser formalizado por presunto cohecho y fraude al Fisco. Según la investigación de la Fiscalía Occidente, los imputados se habrían coludido para recibir supuestos sobornos de los empresarios asociados al proceso de licitación de recolección domiciliaria y disposición final de los desechos.
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