Más de 17 horas duró la formalización de cargos por asociación ilícita terrorista en contra de los 15 imputados por el "caso bombas", realizado en el Centro de Justicia de Santiago.

Ocho de los detenidos el pasado sábado quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros seis quedaron con medidas cautelares como arraigo nacional, firma semanal y prohibición de acercarse a las casas okupa. El otro sujeto ya cumple condena por otros cargos.

En la diligencia, que comenzó pasadas las 10:00 horas del martes y que se extendió hasta pasadas las 02:00 horas de este miércoles, el fiscal jefe de la zona Metropolitana Sur, Alejandro Peña, leyó 66 páginas de formalización y detalló la prueba recabada en la investigación contra los imputados para fundar la petición de privación de libertad, la que incluyó 17 videos, una serie de interceptaciones telefónicas y los análisis periciales de los explosivos.

Según Peña, la red anarquista comenzó a operar en 2005 y se le atribuyen al menos 23 atentados con bombas.

Tras la audiencia quedaron con arresto los ex lautaristas Rodolfo Retamales Leiva y Pablo Morales –a quienes la fiscalía sindica como líderes de la agrupación-  Andrea Urzúa, Francisco Solar, Mónica Caballero, Felipe Guerra, Mario Hermosilla y Vinisius Aguilera.

LAS PRUEBAS DE LA FISCALIA
El Ministerio Público sindicó como cabecillas de la organización a los ex lautaristas Pablo Morales (39) y Rodolfo Retamales (42) mientras que como colaboradores nombró a Omar Hermosilla, Carlos Riveros, Camilo Pérez, Iván Goldenberg, Cristián Cancino, Andrea Urzúa, Vinicio Aguilera y Diego Morales Muñoz.

En tanto, imputó a Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar, Candelaria Cortés-Monroy y Gustavo Fuentes Aliaga (se encontraba cumpliendo condena por haber atacado a su ex pareja) como instaladores de artefactos explosivos.

Según los antecedentes de la investigación de la fiscalí­a, el grupo operaba desde julio de 2005 y estarí­a involucrado en, al menos, 17 atentados explosivos ocurridos en la capital, entre los que se cuentan el que afectó a la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y iglesias, entre otros