Los allanamientos simultáneos realizados hace una semana en el marco de la indagatoria por la seguidilla de atentados con bombas que han afectado a sucursales bancarias, comisarías y empresas, también habrían tenido por objetivo recoger "rastros biológicos" y obtener fotografías de los jóvenes anarquistas que habitan las casas "okupa" registradas por efectivos policiales.

Los allanamientos autorizados por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se centraron en las casas "okupa" "Sacco y Vanzzetti", "La Idea", "La Crota" y "El Hogar", además de dos domicilios particulares. Se controló la identidad de cerca de 50 personas. El argumento para autorizar la diligencia fue que en estos recintos existirían indicios respecto de los autores de los ataques con explosivos.

En total, 13 jóvenes anarquistas fueron detenidos por oponerse a los registros y agredir a los funcionarios policiales que llevaban a cabo el operativo. Ninguno de los arrestados fue vinculado con la colocación de artefactos explosivos.

En el operativo se incautaron computadores, literatura, manuales para fabricar explosivos, además de decenas de bicicletas.

TOMA DE MUESTRAS
Sin embargo, algunos de los detenidos -al menos cuatro- fueron fotografiados, se les tomaron huellas digitales y, además, se les cortaron mechones de cabello sin autorización judicial. A uno de los arrestados, de otro inmueble, se le sacó una muestra de saliva. Esto, para obtener eventuales muestras de ADN, que podrían ser cotejadas con rastros orgánicos encontrados en lugares donde se han realizado atentados.

De hecho, tras el atentado que afectó al Hotel Marriott, el pasado 3 de noviembre, la policía halló un par de guantes quirúrgicos en uno de los baños del recinto, los que podrían corresponder a la persona que instaló el artefacto explosivo.

María Rivera, abogada de algunos de los jóvenes que fueron detenidos  el pasado 11 de diciembre, indicó que "efectivamente, nos informaron de esa situación. A algunos de los detenidos se les fotografió, midió y se les tomaron muestras de ADN".

Silva sostuvo que se está haciendo un levantamiento de la información, con la finalidad de presentar alguna acción judicial por la toma no autorizada de muestras. Añadió que ninguno de los arrestados tenía orden de detención por el llamado caso bombas, por lo que no podían ser sometidos a exámenes intrusivos.

El abogado Washington Lizama, integrante de la llamada Defensoría Popular, sostuvo que la actual legislación sostiene que las diligencias que pueden afectar los derechos de las personas, como un examen de ADN, tienen que realizarse con autorización judicial. De lo contrario, quedan absolutamente invalidadas.

El vocero de la Fiscalía Oriente, Mario Schilling, sostuvo que "cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos puede recurrir a los mecanismos que establece la legislación vigente".