El presidente del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago, Enrique Barros, informó este lunes que los miembros de la instancia acordaron llevar adelante un plan de trabajo para estudiar las operaciones bursátiles del caso cascada.

Asimismo los integrantes del Comité, que estuvieron reunidos desde el 10.30 de esta mañana, analizarán eventuales mejoras en la reglamentación y la regulación, que incluso podrían derivar en propuestas para modificar los estatutos de las bolsas.

"El Comité estima que estás operaciones (de las cascadas) plantean cuestiones delicadas que deben analizarse con cuidado a efecto de perfeccionar el ordenamiento regulatorio vigente. Ante todo, nos preocupa que las operaciones de bolsa efectivamente expresen o representen acuerdos adoptados en un mercado abierto, competitivo y transparente", aseveró Barros.

Entre las conclusiones de esta reunión, el Comité estimó que los principales problemas que son materia de estudio tienen relación con las operaciones directas (OD) y los conflictos de interés.

En cuanto a las operaciones directas Barros señaló que la instancia estima que todas las transacciones de bolsa tienen que efectuarse a través de mecanismos de subasta pública, de forma asegurar que todas las órdenes puedan ser efectivamente desafiables por una oferta competitiva y abierta siempre a la competencia.

"Las existencias de transacciones que se realizan como operaciones directas, por ejemplo, tienen sus antecedentes en restricciones legales en Chile para que las operaciones que son previamente acordadas en las dos puntas de un contrato sean simplementes registradas en la Bolsa. En Chile, operaciones de registro no existen, porque toda operación bursátil tiene que pasar por el mercado. Y si es así, nosotros creemos que efectivamente todas las operaciones de bolsa tienen que realizarse en un mecanismo de subasta pública, como lo dice la ley, y no solamente en la letra sino que también en el espíritu", explicó.

En ese sentido, estimó que para lograr ello se debe estudiar los plazos de anuncio y difusión de las órdenes y también los efectos de su fraccionamiento en diversas órdenes que permitan que los tiempos se acorten.

Respecto al conflicto de interés, Barros sostuvo que el Comité considera que la fiscalización efectuada sobre las corredoras tiene que extenderse a todas las sociedades relacionadas y vinculadas con éstas.

"Los conflictos de interés son siempre potenciales, o sea, hay que anticiparse a ellos (...) Nosotros no tenemos capacidad, ni existe forma de penetrar en entidades o sociedades vinculadas a las corredoras, pero que no son reguladas. Y creemos que nuestra capacidad de regulación y fiscalización -y de los organismos públicos - tiene que extenderse a todas las sociedades relacionadas con los corredores. Y paralelamente es necesario aumentar los niveles de información y garantizar el cumplimiento de los deberes fiduciarios de los corredores que ante todo se deben a sus clientes", sentenció.

Barros precisó que se fijaron un mes como primer plazo para recoger información del caso y estimó que el procedimiento no debería tomar menos de 5 meses.

"Vamos a tener una próxima reunión en noviembre y ahí vamos a iniciar un plan de trabajo mucho más directo. Cualquier proposición que uno tenga, la tiene que someter al juicio de los expertos, porque uno de los graves problemas que tienen las regulaciones son las externalidades negativas que producen, los efectos no queridos. Entonces, tenemos que hacer las consultas necesarias (...) Hacemos una consulta con los corredores de bolsa y después un estudio comparado. Eso lo vamos a hacer en su momento", anticipó Barros.

El 6 de septiembre, la SVS formuló cargos contra Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, al participar en un esquema para transar acciones entre 2009 y 2011, a precios fuera de mercado y limitando la competencia de los inversionistas.