Raimundo Labarca abogado representante de Julio Ponce en el marco de la investigación que la Superintendencia de Valores y Seguros lleva adelante por el caso cascadas, presentó esta tarde un reclamo ante el regulador por la filtración de los descargos de los cuatro ejecutivos involucrados.

"Vinimos a hacer una presentación que tiene por objeto denunciar el incumplimiento al deber de reserva por parte del superintendente (Fernando Coloma) y de sus funcionarios en función de la filtración que hoy día hubo de la formulación de nuestros descargos", señaló el abogado.

Labarca agregó que "no es primera vez que la Superintendencia permite una filtración, como ustedes recordarán aquí se filtraron las formulaciones de cargos cuestión que atentó gravemente con el principio de inocencia de mi representado".

El abogado asecveró que a partir de esta denuncia los que corresponde es que la SVS inicie una investigación acerca de cómo se produjo esta filtración y aplicar las sanciones que correspondan.

"Aquí se ha infringido una vez más la Ley Orgánica de la Superintendencia y nosotros creemos que la consecuencia de ello es que también afecta a lo que nosotros hemos venido reprochando mucho tiempo, que es la imparcialidad que tiene que tener el superintendente para resolver este caso. En este sentido hay que tener presente que llama la atención que en la filtración que se hizo de nuestros descargos hoy día, por ejemplo, no haya figurado ninguna de las operaciones de las sociedades del Presidente de la República, cuestión que para nosotros es parte fundamental de nuestra defensa", aseveró.

El 6 de septiembre, la SVS formuló cargos contra Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, al participar en un esquema para transar acciones entre 2009 y 2011, a precios fuera de mercado y limitando la competencia de los inversionistas.

El proceso administrativo sancionatorio desarrollado por la Superintendencia tiene carácter reservado según lo dispone su Ley Orgánica, en el artículo 23. Por regla general, los oficios de cargos también tienen carácter reservado, haciéndose público este antecedente sólo en caso de aplicarse una sanción.

Consultado respecto a si además podrían recurrir a los tribunales por la filtración,  Labarca señaló que "eventualmente podría dar pie a una acción judicial".