Poco antes de las 13 horas de ayer, la Superintendencia de Valores y Seguros divulgó las 731 páginas de su resolución final en el caso cascadas. Casi en paralelo, la entidad notificó a esa hora, por correo electrónico, a la prensa y a los propios involucrados el resultado de sus pesquisas: sancionó a ocho personas y a la corredora LarrainVial a pagar multas por 4.010.000 unidades de fomento (unos US$ 164 millones), por infringir las leyes de Mercado de Valores y Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones bursátiles realizadas entre septiembre de 2010 y 2011.

La SVS había iniciado la investigación en 2012, cuando el organismo lo dirigía Fernando Coloma, y formuló cargos a los principales imputados hace casi un año, el 6 de septiembre de 2013. Desde esa fecha, el mercado ha estado pendiente de un caso que llevó al Ministerio Público a pesquisar responsabilidades penales (ver página 7); a la Bolsa, a revisar sus procedimientos y regulaciones; y a los gremios privados, a pedir correcciones en la acción empresarial.

Las sanciones son las mayores desde el caso chispas, por el cual la SVS multó, en 1997, con dos millones de UF a seis ex ejecutivos de Enersis, por cuestionamientos a la operación de la venta de control de la compañía a Endesa España. La SVS aplicó ahora el mismo criterio que en esa oportunidad: no cursó las multas máximas que fija la ley (de hasta 75 mil UF por persona), sino que hizo uso de su derecho a fijar los montos en hasta un 30% de la operación irregular cuestionada.

"Tras una extensa investigación (...) esta superintendencia ha llegado a la convicción de que los sancionados infringieron consistente y reiteradamente la Ley de Mercado de Valores y/o Ley de Sociedades Anónimas, a través de un esquema de operaciones que beneficiaron a un grupo de accionistas en desmedro de otros", declaró el titular de la SVS, Carlos Pavez, quien asumió el cargo en marzo. Pavez destacó ayer que la entidad analizó más de un millón de transacciones bursátiles.

La decisión fue rechazada por los involucrados, quienes anunciaron que recurrirán a tribunales (ver recuadro), y analizada por el predecesor de Pavez, Fernando Coloma, quien ayer fue sobreseído de las querellas en su contra (ver pág. 7).

Los involucrados

El principal acusado por la SVS es el empresario Julio Ponce, presidente de la minera no metálica SQM desde 1987 y controlador de las sociedades cascada, a quien la entidad acusa de ser el ideólogo de un esquema coordinado de operaciones para transar acciones de Oro Blanco y Calichera que lo beneficiaron a él y a varias personas cercanas a él. El esquema, en pocas palabras, consistía en vender, a firmas relacionadas o vinculadas, títulos bajo precio de mercado, para luego recomprarlos, usando las cascadas, a valores más altos. Ese mecanismo, según la SVS, le permitió a Ponce ganar 3.125.000 UF (US$ 128 millones). La SVS lo multó con US$ 70 millones.

La segunda multa más alta correspondió a Aldo Motta, gerente general de las cascadas, con 600 mil UF; seguido por Roberto Guzmán Lyon, con 550 mil UF, y Leonidas Vial, socio de LarrainVial, con 500 mil UF. A ellos se sumaron la corredora LarrainVial; sus gerentes Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz; y otros dos cercanos a Ponce, Alberto Le Blanc y Patricio Contesse Fica (ver recuadros).

Ponce, quien había anticipado a sus cercanos que Pavez lo sancionaría, perdió ayer en la mañana su último intento por frenar las sanciones: la Corte de Apelaciones rechazó por dos a uno una orden de no innovar, interpuesta hace menos de una semana.

En su resolución final, la SVS desechó todas las pruebas y testimonios exculpatorios presentados por los acusados.

¿Cuándo pagar?

Los involucrados apelarán y, para hacerlo, tendrán que consignar antes el 25% de las multas. Pero con un límite que establece la ley: 500 UF ($ 12 millones) para las personas naturales. La mayor complicación derivará del monto total de las multas. Si no pagan ahora, una vez que la justicia se pronuncie en términos definitivos, la cifra podría duplicarse o hasta triplicarse. Ello, porque estas multas están sujetas a un interés de 1,5% compuesto mensual (18% anual). Ya ocurrió en el caso chispas: los sancionados por la SVS debieron pagar sus multas ocho años después, cuando el monto original casi se había multiplicado por tres.