Caso Cascadas: Servicio de Impuestos Internos desestima delitos tributarios

Los posibles delitos tributarios en el caso Cascadas, era una de las aristas que podía tomar más fuerza en la separación de la causa que el Ministerio Público sigue contra Julio Ponce y su círculo cercano. Sin embargo, fue el propio Servicio de Impuestos Internos (SII) quien cerró esa posibilidad al no detectar evasiones tributarias.

El 17 de agosto del año pasado, el fiscal regional de la zona Centro Norte, Andrés Montes, -quien lidera la indagatoria del caso- ofició al director del SII, Fernando Barraza, y le envió el informe del Ceal de la Universidad Católica de Valparaíso, que daba como resultado posibles incongruencias financieras en las sociedades que controlan SQM.

"Se ha dispuesto oficiar a usted a efectos de poner en su conocimiento antecedentes reunidos en la presente investigación, y que podrían ser constitutivos de delitos tributarios", decía el oficio firmado por Montes, quien agregaba que en dicho peritaje del Ceal, "se advierten una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delito, de conformidad a lo señalado en el artículo 162 del Código Tributario". Esa presentación la complementó el 22 de septiembre, donde adjuntó un análisis que hizo de dicho peritaje la defensa de Aldo Motta, hasta ahora único imputado en el caso cascadas. En su momento, se habló de que dichas infracciones podían significar una evasión tributaria de US$ 60 millones.

Sin embargo, el SII envió a principios de este año su respuesta, tras analizar los antecedentes, y dijo que no había encontrado pruebas suficientes que dieran cuenta de posibles delitos tributarios, situación que llamó la atención de varios abogados que son parte del caso , dado que dicha respuesta no se encuentra adjunta en la carpeta investigativa ni de la primera ni segunda causa del caso. Sin embargo, la respuesta del Servicio fue confirmada por altas fuentes.

El informe del Ceal no solo fue enviado a Barraza en agosto de 2016, sino que también se despachó una copia a Carlos Pavez, superintendente de Valores y Seguros, para que analizara los antecedentes y comprobara si se constituían nuevos delitos en las operaciones bursátiles cuestionadas.

El 28 de diciembre del año pasado Pavez respondió y remitió un análisis que hicieron en el organismo. "Las diferencias entre los balances y los estados de resultados, se producen porque se comparan estados financieros públicos expresados en miles de dólares con los estados contables en dólares. Por lo tanto, no existirían diferencias entre los estados financieros públicos y los estados contables", decía el análisis de la SVS.

Particularmente sobre dos incongruencias detectadas entre la contabilidad y lo registrado en la base de datos, una de Oro Blanco en 2009 por una operación no registrada en la contabilidad, y la otra en Norte Grande en 2011 por una facturación incompleta de una operación, el regulador dijo que "ambas operaciones se encuentran registradas en la contabilidad de dichas sociedades, aunque presentadas en forma neta en los estados de flujos de efectivo de ambas compañías". La SVS sí detectó observaciones que podrían dar cuenta de errores y omisiones en la presentación y confección de dichos estados de flujo, pero no se pronunció por la existencia de delitos.

En paralelo a esta segunda causa que Montes abrió en diciembre del año pasado contra Julio Ponce y otras 15 personas jurídicas y naturales, desde el 18 de agosto de este año se realiza la audiencia de preparación de juicio oral contra Aldo Motta, ex gerente de las cascadas, formalizado por manipulación bursátil y entrega de información falsa al mercado.

Hasta este viernes, solo hubo correcciones formales de las audiencias, y hoy comienza efectivamente el ofrecimiento de pruebas por parte de la defensa de Aldo Motta, en el cual la Fiscalía y los querellantes deberán presentar sus objeciones a la prueba. Terminado ese proceso, será el turno del Ministerio Público y querellantes ofrecer pruebas y la defensa de Motta rebatirlas. Con todo, se espera que la preparación del juicio termine en diciembre, mes en el cual comenzará formalmente el juicio oral. La Fiscalía pidió 7 años de cárcel para Motta.

Otra de las batallas que ha llevado adelante la defensa de Aldo Motta es que se declare la incompetencia del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Ello, porque los supuestos delitos que se le acusan a Motta, se habrían ejecutado desde su oficina en Las Condes. Sin embargo, la Fiscalía Centro Norte dice que el delito ocurrió en Santiago, donde se emplaza la Bolsa de Comercio de Santiago, la jurisdicción de Montes. El 25 de agosto, el abogado Marcelo Sanfeliú fue hasta la Corte de Apelaciones pidiendo que se anulara la decisión del 18 de agosto, en la primera jornada de la audiencia de preparación de juicio oral donde se desestimó la incompetencia del 7° Juzgado de Garantía. Sin embargo, la semana pasada la Corte de Apelaciones desestimó dichos alegatos y confirmó que el 7° Juzgado era el competente para ver la causa.