"No obstante que desde julio a diciembre de 2001 siguió desempeñándose en el Ministerio de Obras Públicas, (...) sus honorarios fueron pagados por Habiterra S.A. a la que nunca le prestó servicios". El texto corresponde a un resumen del expediente del caso MOP-Gate incorporado en la sentencia de julio de 2010, y da cuenta de que la empresa Habiterra -que se especializa en proyectos de planificación urbana- fue investigada por realizar sobresueldos a Patricio Estay, quien en ese entonces se desempeñaba como funcionario del MOP.

El nombre de Habiterra adquirió notoriedad el lunes, luego de que el Ministerio de Vivienda emitiera una declaración informando que en 2014, la consultora se adjudicó la licitación para realizar los estudios necesarios para llevar a cabo el proceso de cambio en el plan regulador intercomunal de Rancagua, que modifica el uso de suelos de la comuna de Machalí.  El informe final debe ser entregado en noviembre.

Esto, en el marco de la polémica por los tres predios que en esa comuna adquirió la empresa Caval -cuya propiedad pertenece en un 50% a la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon- mediante un crédito por $ 6.500 millones otorgado por el Banco de Chile y cuyo valor se incrementaría  con la modificación del plan regulador. De hecho, esta expectativa le permitió a Caval concretar una promesa de compraventa con una inmobiliaria por $9.500 millones.

El expediente

En julio de 2010, la ministra en visita Gloria Ana Chevesich emitió la sentencia de la principal arista del caso MOP-Gate, tras acreditar defraudaciones al fisco por más de mil millones de pesos por la sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos y la triangulación de dineros para el pago de sobresueldos. En la ocasión, el ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz, fue condenado a tres años de presidio por fraude al fisco, mientras que el ex jefe de finanzas del MOP Sergio Cortés fue condenado a cinco años por el mismo delito.

En el ministerio, Cortés era el jefe directo de Patricio Estay. El testimonio de éste último figura en la página 138 del fallo, donde afirma haber recibidos pagos de Habiterra mientras ejercía como funcionario del MOP. En el expendiente también  se detalla que Estay "nunca tuvo relación con profesionales" de dicha consultora.

Debido a lo anterior, en la investigación judicial también declararon los socios de Habiterra, Pablo Guzmán y María Isabel Zapata. En su testimonio, Guzmán afirmó que, pese a los honorarios que se le pagaban al funcionario, la consultora "no celebró contratos con Estay" y que "tampoco lo vio trabajar en la empresa".

Consultado por La Tercera,  Guzmán ratificó ayer su declaración, aunque dijo que se realizó sólo en calidad de testigo y que nunca se acreditaron delitos. "No se acreditó nada, nosotros trabajábamos en el área de sistemas de esa época, y nunca más se supo del tema. Yo declaré como testigo solamente. No volvieron a llamar, no hubo más, el tema quedó ahí", afirmó.