Una orden de incautación de computadores y documentación de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon emitió el pasado 4 de marzo el magistrado Luis Barría, del juzgado de Garantía de Rancagua. La orden se emitió en el marco del Caso Caval, donde se investiga presunto delito de revelación de secretos, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Según consigna El Mostrador la orden de entrada, registro e incautación se habría concretado el viernes 6 de marzo, justo cuando los ojos estaban puestos en las audiencias de formalización por el Caso Penta.

En el documento citado por el medio se ordena "la incautación de: computadores de escritorio, computador personal, notebook o tablets, soportes técnicos como pendrives y documentación que se mantenga en estos lugares y que digan relación con los hechos investigados. Además se autoriza para abrir correspondencia cerrada, conforme a los artículos 218 y 219 del Código Procesal Penal".

Junto con esto, en la orden se autoriza la "incautación de todos los elementos que pudieran relacionarse con la comisión del delito".

En caso de oposición por parte de Dávalos y Compagnon, la orden autorizaba el uso de la fuerza pública para el "allanamiento y descerrajamiento" de la propiedad, ubicada en Julia Bernstein 447, casa B, La Reina.

La incautación se suma a la solicitud del fiscal regional Luis Toledo de recopilar información bancaria, en particular respecto de los productos que mantiene Dávalos y Compagnon con el Banco de Chile. Esto ya que fue precisamente esta entidad la que otorgó el crédito por $6.500 millones a Caval, lo que le permitió comprar los terrenos que luego vendió por $9.500 millones.

El Caso Caval ha provocado un fuerte golpe al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quien ha aseverado que se enteró "por la prensa" sobre los negocios de su hijo y su nuera. Una polémica que, a juicio de Adimark, fue una "bomba" para la popularidad de la jefa de Estado, cuyo respaldo cayó a un 39% en el sondeo correspondiente al mes de febrero. 

A juicio del senador DC Andrés Zaldívar el caso "provocó un daño casi irreversible al liderazgo de la Presidenta".