Son 10 las aristas involucradas en el caso Caval, donde se investigan supuestas irregularidades en la compra y venta de terrenos por parte de la empresa de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, en Machalí, VI Región. Violación de secreto, cohecho, delitos tributarios, soborno y negociación incompatible son algunos de los ilícitos que se indagan. Pero ahora surgió una nueva línea investigativa: el lavado de activos.

Fuentes del caso aseguraron que los persecutores, el fiscal regional Emiliano Arias; el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y la persecutora Marcia Allendes, están trabajando en establecer la existencia del delito en esta nueva arista, la cual derivó de la indagatoria por estafa, en la cual están involucrados los socios de Caval, tras la querella del empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha.

De acuerdo a los antecedentes, él contrató los servicios de Caval para que realizaran un estudio minero y de seguridad informática, ante un supuesto fraude del cual el empresario temía ser víctima.

Es en ese contexto que los investigadores deciden interrogar a Marcelo Carreño, ex gerente de administración y finanzas de la empresa, quien entrega su testimonio el 12 de junio ante los persecutores. En dicha instancia, el ex hombre de confianza de Compagnon y Valero señaló que en Caval se manejaban montos en efectivo y que a veces él no sabía de la procedencia de esos dineros.

Carreño, según leyó la fiscal Marcia Allendes en la audiencia de sobreseimiento de Sebastián Dávalos, el 23 de junio, señaló que " Natalia Compagnon llegaba y me decía 'me conseguí plata con mis tíos', no recuerdo si el dinero ingresaba a Caval. Un día llegó con $ 100 millones en efectivo. El 12 de agosto de 2014. No sé con quién se consiguió esa plata".

Esa parte de la declaración de Carreño llamó la atención de los fiscales, sumados a otros antecedentes que manejarían los persecutores sobre la inversión de este dinero en efectivo por parte de los controladores de la firma Caval en el sistema financiero, la cual podría superar los $ 1.000 millones.

Una pista de eso dio la fiscal Allendes en la audiencia de sobreseimiento. Allí señaló que "a Caval le pagaron más de $ 1.000 millones y ese dinero no está… No está", agregando que "debido a la intrincada forma como trabajaba Caval ha sido bastante difícil determinar la trazabilidad del dinero, ha sido difícil seguir la huella en términos de impuestos y pagos".

En la investigación ha trascendido que este dinero podría tener su origen en los pagos que Gonzalo Vial Concha hizo a Caval para estudiar eventuales inversiones mineras. Sin embargo, según expuso Vial en la querella contra Compagnon y Valero, los informes fueron copiados desde internet, configurándose así la estafa. De esta manera, los dineros obtenidos por la empresa tendrían un origen ilícito.

Es por ello que los fiscales ya encargaron diligencias al OS-9 de Carabineros para rastrear el dinero y saber dónde fueron invertidos, en el marco de un posible lavado de activos. En esa línea, el departamento investigativo de la policía uniformada se encuentra levantando un análisis sobre las sociedades de los socios de Caval, como también sus movimientos tributarios y de inversiones. El Ministerio Público ya ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitando las declaraciones de impuestos de Compagnon y Valero. "Estas indagaciones de carácter patrimonial han significado ir mucho más allá del simple alzamiento del secreto bancario para rastrear los fondos", dijo el 23 de junio la fiscal Allendes.

Actualmente, la fiscalía está recabando todos los antecedentes del presunto delito de lavado y así contar con más facultades investigativas, como el secreto de la indagatoria. Consultadas las defensas de Compagnon y la de Mauricio Valero sobre esta arista declinaron referirse al tema.