"No hay necesidad alguna para que se le decrete la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y los querellantes". Con estas palabras la defensa del desaforado senador, Jaime Orpis, rechazó la solicitud del Ministerio Público y solicitó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el parlamentario. Esto, en la tercera jornada de formalización por el caso Corpesca.
El abogado Carlos Cortés enfatizó en la colaboración de Orpis con la fiscalía y en las atenuantes como el reintegro de los fondos defraudados al Congreso. Además, la defensa afirmó que los pagos de Corpesca no influyeron en las decisiones adoptadas por Orpis entre 2009 y 2013, que los fondos se utilizaron sólo parta cubrir gastos de su campaña electoral y que las boletas emitidas por el legislador estaban en marco de la ley.
Por su parte, la fiscalía, el CDE y el SII pidieron la medida cautelar más gravosa por la reiteración de los delitos, por el cargo público que ostentaba el desaforado senador y por la gravedad de los hechos.
Finalmente, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía postergó para el lunes a las 9:30 la audiencia donde escuchará las réplicas de los querellantes y a la defensa nuevamente, luego decretará las medidas cautelares contra Jaime Orpis.
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
Por el delito de cohecho, el Ministerio Público argumenta que entre los años 2009 y 2013 Orpis recibió de Corpesca la suma de $233 millones, infringiendo los deberes propios de su cargo para beneficiar a la empresa. Dicho monto habría sido dividido en pagos mensuales de más de $4 millones.
En este contexto, y en el marco de los delitos tributarios que se le imputan, el senador facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, permitiendo a la empresa rebajar impuestos.
En tanto, al senador se le acusa de fraude al fisco cuyo monto defraudado alcanzaría los $153 millones, los que ya restituyó al Congreso. Orpis se habría "apropiado indebidamente" de esos fondos a través de trasferencias a su cuenta y de simulación de contratos.
DEFENSA
Por su parte, la defensa del senador señaló en la jornada de hoy que Orpis sólo pidió fondos a Corpesca para solventar los gastos de su campaña electoral.
"No está discutido que el señor Jaime Orpis solicita sumas de dinero. No está discutido que dicha solicitud es para el financiamiento de su campaña electoral de senador. No está discutido que la solicitud de dinero tenía por objeto pagar deudas derivadas de la misma campaña", dijo el abogado Carlos Cortés.
Asimismo, el jurista añadió que "otro hecho que tampoco es discutido es que se entregaron boletas" por los pagos dichos pagos y que "los aportes fueron entregados por parte de la empresa Corpesca".
Sin embargo, Cortés sostuvo que "¿esta entrega de boletas por parte de terceros para justificar los ingresos para pagar campañas electorales es eso constitutivo de delito? (…) Digo que no a esa pregunta porque la ley dice que no".
"Era exigido por la ley, la ley exigía que se diesen boletas o facturas para darle publicidad a este pago al candidato o a un tercero (…) la ley no establece ningún parámetro de qué es lo que debe señalar la boleta ni la glosa de la misma", manifestó el abogado.
"Ha quedado claro que la entrega de boletas es una entrega legal. La empresa puede hacer donaciones para campañas de candidatos, las cuales pueden ser realizadas al candidato o a un tercero. A la fecha, dicha entrega de dineros era legal".
En este contexto, Cortés indicó que el asunto es cuestión es qué hace la empresa con las boletas. "Por el sólo hecho de la entrega de la boleta a la empresa por un servicio no prestado la empresa baja base imponible, la respuesta es no (…) el camino que le da a la boleta es una decisión de la empresa".
Con respecto al delito de fraude al fisco, la defensa de Orpis sostuvo que "en ningún caso en sus declaraciones ha rehuido el carácter ilícito de la conducta, lo ha reconocido francamente".
Sin embargo, los abogados enfatizaron en el reintegro de los fondos que el senador devolvió al Congreso. "El reintegro no cambia la conducta, es una institución establecida en el Código en beneficio del imputado que le da la oportunidad de que reciba una sanción sustancialmente menor, cumpliendo con el requisito de reintegrar el monto defraudado".
