Arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional fueron las medidas cautelares que la jueza Ana Emilia Ethit del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó para el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica.
A Mujica se le imputaron los delitos de soborno y delitos tributarios reiterados, por pagos realizados a Orpis y a la ex diputada Marta Isasi entre los años 2009 y 2013. En este contexto, por el delito de cohecho, Orpis habría obtenido desde Corpesca la suma de $ 233 millones.
En tanto, la magistrado afirmó que "caramente hubo la presentación de declaraciones tributarias falsas presentadas con documentación falsa y con ello rebajar la base imponible al señalar gastos que no eran reales".
Sin embargo, la jueza rechazó la medida cautelar solicitada por la fiscalía -arresto domiciliario total- y por el SII -prisión preventiva- y otorgó a Mujica una cautelar menor.
En cuanto al senador Jaime Orpis, a quien se le imputaron cargos de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco, la jueza postergó la definición de medidas cautelares ya que el desafuero aún no está notificado. En esta sentido, la nueva audiencia se realizará entre el miércoles y viernes de la próxima semana.
Dicha medida, la fiscalía la calificó como "una maniobra dilatoria".
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA CONTRA MUJICA
Durante la audiencia, la fiscal Ximena Chong entregó los argumentos del Ministerio Público contra el ex gerente general de Corpesca por el delito de cohecho.
"Acá se ha sobornado a representantes de la ciudadanía que forman parte de un poder del Estado, para tener un control respecto de la ley, respecto de la normativa de carácter obligatorio que se dicte y que sin duda que sin duda afecta a una empresa", señaló la fiscal. "No hubo un momento reflexivo, un minuto en que se sentaran a pensar qué es lo q estaban haciendo", acotó.
Sobre los delitos tributarios reiterados, la persecutora sostuvo que "le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos al meterle la mano al bolsillo al Estado".
Desde el SII, el abogado Manuel Navarrete pidió prisión preventiva para Mujica enfatizando que "por el conocimiento de la normativa tributaria al respecto, el señor Mujica cumple el estándar para estimar que ha actuado con dolo, con malicia".
En este sentido, el abogado manifestó que la pena se agrava además por la existencia de documentación falsa y que Mujica se haya concertado con otros para realizar el delito, y además por el carácter reiterado del ilícito.
"Por la gravedad del delito y que existen dos agravantes, además tomando como contexto que estamos frente a una empresa de gran relevancia, aumenta la gravedad del hecho que estamos frente a una persona con conocimiento, una persona ilustrada", indicó el SII.
DEFENSA DE MUJICA
Por su parte la defensa del ex gerente general de Corpesca descartó la existencia de soborno y enfatizó en la colaboración que Mujica ha prestado al Ministerio Público.
"Puede haber una especie de colaboración entre una empresa fuente de trabajo para la zona y parlamentarios de la zona. Es natural que pueda haber confluencias entre uno de los actores principales de la zona y los parlamentarios de la zona", señaló el abogado.
"Si era algo que beneficiaba a su zona no vemos cuál es el soborno si lo que estaba haciendo el señor Mujica era defender el interés de su zona (…) nos parece un exceso decir que aquí se ha sobornado a un senador", acotó la defensa.
Por otro lado, sobre los delitos tributarios el jurista indicó que "esto se trató de financiamiento a los parlamentarios, no se trató de delito tributario. La modalidad que se hizo fue a través de delitos y facturas. No es que haya habido un interese del señor Mujica de querer cometer un delito", sino que fue la forma en que se pagó, y que fue propuesta por Orpis.
En esta línea, la defensa sostuvo que "todo egreso a la compañía tiene que tener una justificación, y se hizo a través de las boletas".
Por último, los abogados manifestaron que "una persona que ha sido citada a declarar cinco veces no es una persona que no colabora. Una persona que no colabora no está declarando por más de 24 horas a la fiscalía".
