Tras cuatro jornadas de formalización, la jueza Daniela Guerrero del Cuarto Juzgado de Garantía decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el desaforado senador, Jaime Orpis, en el marco del caso Corpesca.
El Ministerio Público le imputó al parlamentario los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tribuarios, ilícitos por los cuales pidió -junto al CDE y el SII- la prisión preventiva. Sin embargo, dicha medida fue rechazda por el tribunal quien tampoco acogió la solicitud de la defensa de decretar arresto domiciliario nocturno.
Tras la lectura de la resolución del tribunal, el fiscal a cargo del caos, Emiliano Arias, manifestó que "la jueza da por acreditado todos los delitos, todos en carácter de reiterados, delitos bastante graves. Desde ese punto de vista estamos conformes con el resultado".
"Nosotros insistimos en nuestra posición. Creemos que la medida proporcional por la gravedad que tiene que un senador en ejercicio esté cometiendo delitos, es la prisión preventiva", acotó.
Por su parte, la fiscal Ximena Chong indicó que "es una resolución muy contundente (…) tiene un pronunciamiento que para nuestros fines no es del todo lo que esperábamos pero vamos a analizar el mérito de la resolución antes de analizar una posible apelación".
Sobre los próximos pasos de la investigación, la persecutora sostuvo que "ahora se viene una serie de otras formalizaciones vinculadas a otros partícipes en los hechos investigados (…) en el evento que lleguemos a tener antecedentes suficientes para poder acusar vamos a pedir la ampliación del desafuero" de Orpis.
Desde la defensa, el abogado Carlos Cortés expresó que "en término de la acreditación del delito hemos quedado muy satisfechos porque en relación al cohecho la jueza señala que no se encuentra acreditado por elementos del Ministerio Público, dijo que solamente había algunos indicios. Sobre el elemento de que haya vulnerado actos propios del cargo, señaló que eso se va a discutir en el juicio oral. Tenemos el consentimiento de que será absuelto de este punto2.
"Sobre la medida cautelar, ha sido desechada la pretensión del Ministerio Público y los otros querellantes, esta parte reconoce que efectivamente se acompañaron todos los antecedentes necesarios para demostrar que el senador ha estado siempre a disposición del tribunal y en ese sentido la medida decretada era la que habíamos solicitado en términos subsidiarios. Estamos bastante tranquilos y confiados que será revertida a la brevedad por una medida menos gravosa".
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
Durante la formalización, la fiscalía acusó a Orpis del delito de cohecho, argumentando que entre los años 2009 y 2013 el senador recibió de Corpesca la suma de $233 millones, infringiendo los deberes propios de su cargo para beneficiar a la empresa. Dicho monto habría sido dividido en pagos mensuales de más de $4 millones.
En este contexto, la fiscal Ximena Chong señaló que el senador cometió 75 delitos reiterados de cohecho, por lo que "estamos en presencia de una persona peligrosa para la sociedad".
En este contexto, y en el marco de los delitos tributarios que se le imputan, el senador facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, permitiendo a la empresa rebajar impuestos.
En tanto, al senador se le acusó además de fraude al fisco cuyo monto defraudado alcanzaría los $153 millones, los que ya restituyó al Congreso. Orpis se habría "apropiado indebidamente" de esos fondos a través de trasferencias a su cuenta y de simulación de contratos.
DEFENSA ENFATIZA ATENUATES
Por su parte, la defensa enfatizó en la colaboración de Orpis con la fiscalía y en las atenuantes como el reintegro de los fondos defraudados al Congreso. Además, afirmó que los pagos de Corpesca no influyeron en las decisiones adoptadas por Orpis entre 2009 y 2013, que los fondos se utilizaron sólo parta cubrir gastos de su campaña electoral y que las boletas emitidas por el legislador estaban en marco de la ley.
