El abogado querellante del llamado "caso farmacias", Fernando Santelices, insistió en que los 10 imputados por el delito de alteración fraudulenta de precios, deberían pagar el atentado contra la libre competencia con cárcel, y recurrió a la Corte de Apelaciones.
Según Santelices, con la suspensión condicional del procedimiento fijado ayer por la fiscalía, "no se dan los requisitos de pena" y aseguró "que en un juicio oral se puede llegar a discutir una pena de entre 3 años y un día a cinco años".
El querellante insistirá en que la causa debe ser sancionada con penas de crimen, ya que "esta suspensión condicional no cumple con el espíritu que tiene que ver con ésta salida alternativa, y además con la naturaleza y gravedad de los hechos, tal cual lo ha dicho la Corte de Apelaciones en otras oportunidades".
El querellante en el caso, el ex diputado Jaime Mulet, también concurrió hasta la Corte, y manifestó que "la fiscalía ha tomado una decisión a nuestro juicio errada. Creemos que pone a los ejecutivos en una condición donde no se le sanciona los hechos...La señal que se da al país es pésima, puedes defraudar, y haces clases de ética, pagas un poco de plata -que es irrisoria para lo que ganas los laboratorios y las farmacias- y quedas impune".
