Hoy comenzó el juicio oral en contra de cuatro ex funcionarios de la Sección OS-7 de Carabineros de Arica y tres civiles, acusados por su presunta responsabilidad en delitos de tráfico, asociación ilícita, y falsificación instrumental .

La fiscalía de Arica informó que se intentará acreditar los hechos acusados por medio de la presentación de 149 testigos y 21 peritos, además de prueba documental y evidencia material, como escuchas telefónicas.

Durante el juicio, la fiscalía también presentará pruebas incautadas durante el allanamiento registrado al cuartel del OS-7, como libros de guardia, documentos y pericias a computadores y teléfonos.

El ministerio público presentó acusación y pidió penas que en total suman 164 años de presidio para todos los acusados.

LOS HECHOS

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades durante el 2013 la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera.

Asimismo, según la acusación, la indagatoria estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.

El primero de los procedimientos policiales investigados se registró el 5 de agosto de 2013, ocasión en que en el Complejo Fronterizo de Chungará se incautó bajo la apariencia de flagrancia un total de 299 kilos 794 gramos de marihuana, los que estaban ocultos en un camión proveniente de Bolivia.

La indagatoria estableció que días antes del operativo, el funcionario policial Leonardo Vílchez se contactó con un civil, quien vivía en Bolivia, con quien coordinó el ingreso de droga.

El segundo de los operativos se registró el 9 de septiembre, cuando se detectaron 814 kilos de marihuana ocultos en un camión también en el complejo Chungará. Al igual que en el primer caso, las diligencias de investigación determinaron que el civil boliviano coordinó con los funcionarios policiales y otros dos transportistas el traslado e ingreso a Chile, procedimiento que fue instruido y monitoreado por Vílchez Sepúlveda.

Ese día arribó al complejo fronterizo el chofer L.G F., en compañía del ciudadano boliviano, siendo controlados por funcionarios antidrogas de Aduanas,  sin embargo, este último evadió el control siendo ocultado y resguardado por los funcionarios policiales.

Posteriormente, de acuerdo al a fiscalía, el acusado Víctor Rodríguez comunicó una falsa orden de investigar emanada por un Fiscal para hacerse cargo del procedimiento, tras lo cual trasladaron a ambos civiles hasta Arica.